La Policía ya ha levantado 51 actas de sanción a ciudadanos por no llevar puesta la mascarilla entre las 8:00 horas de este pasado lunes y las 8:00 horas de esta martes. la protección facial es obligatoria en Baleares desde el pasado 13 de julio, aunque hasta este pasado 20 de julio no se ha comenzado a sancionar.
En concreto, 11 actas han sido levantadas por la Policía Nacional: 10 de ellas en Palma y una en Ibiza.
Las policías locales de diferentes municipios han levantado 33 actas (pueden ser más pero aún no se tiene conocimiento). De ellas, 26 las ha levantado la Policía Local de Ibiza, una la de Mahón y seis la de Ciutadella. La Policía Local de Palma ha manifestado que no tiene esta información. La Guardia Civil ha levantado siete actas.
Todas estas actas las tramita el Govern. Cabe recordar que la multa por no llevar puesta la mascarilla es de hasta 100 euros, en función del comportamiento del infractor. Además, los agentes están realizando una labor muy pedagógica y antes de sancionar se avisa al ciudadano de la obligatoriedad de llevar mascarilla. La multa se suele poner a los reincidentes o a las personas que no acatan la orden de ponerse la protección facial.
Hasta el momento, los agentes han informado que la respuesta de la ciudadanía está siendo bastante buena y, en general, están cumpliendo la obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla.
Por su parte, el Ajuntament de Palma ha iniciado una campaña de información con Protección Civil, que informa a los ciudadanos de la obligación de llevar puesta la protección facial.
Por su parte, el pleno del Parlament ha validado este martes sin ningún voto en contra el decreto que fija las sanciones por incumplir las medidas sanitarias en Baleares y que tipifica entre las infracciones más graves la comercialización de fiestas en las que se produzcan aglomeraciones, ya sea en espacios públicos o en domicilios privados.
El decreto ha salido adelante con los votos a favor de PSIB, Unidas Podemos, Més per Mallorca, el Grupo Mixto y Ciudadanos y la abstención de PP, El PI y Vox. El PP y el PI habían pedido la tramitación del decreto como proyecto de ley pero el pleno lo ha rechazado con 25 votos a favor y 30 en contra.
El decreto sancionador ha salido adelante entre las críticas tanto de los grupos que apoyan al Govern como de los que ya habían anunciado su voto favorable, como Cs, por su «improvisación» y la «falta de concreción» y las «lagunas jurídicas».
En su intervención, la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha asegurado que se trata de una norma «flexible» pero que supone dotar a la Administración de una «buena herramienta» para la agilización de procedimientos.
Castro ha recalcado que el Govern no tolerará que el «incivismo» de una minoría estropee lo que han conseguido con su esfuerzo la mayoría de los ciudadanos de Baleares.