Ofensiva institucional en Baleares contra las fiestas ilegales y los demanes en el ocio denunciados en las últimas semanas y que «comprometen a la salud de todos». La consellera d'Administracions Públiques i Modernització, Isabel Castro, ha presidido este jueves una reunión multidisciplinar en la que se ha determinado una acción conjunta de todas las administraciones de las Islas, así como Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, para poner freno a todas aquellas actitudes ciudadanas y empresariales que «ponen en peligro a todos» en plena pandemia de coronavirus. Así ha anunciado que se llevarán a cabo inspecciones y se trabaja en un régimen sancionador para actuar contra quienes incumplen las exigencias sanitarias establecidas para evitar la propagación de la COVID-19.
El plan diseñado, con propósito «disuasorio», se mantendrá durante todo el verano y se han organizado equipos interdisciplinares con personal de la Comunidad, de los consells insulares, las administraciones municipales, Policía Local y Policía Nacional.
Castro ha detallado que, además de las inspecciones, se ha preparado a una unidad de análisis para detectar la organización de estas fiestas ilegales. Los inspectores de toda la comunidad están al servicio de este plan que pondrá atención sobre cuatro aspectos: Control de los aforos, respeto horarios de apertura, uso obligatorio de mascarilla y distancia social.
En rueda de prensa, los representantes de las instituciones han lanzado el mensaje común de que «el virus sigue presente» y apelan a la responsabilidad de todos los ciudadanos ante algunos «comportamientos de relajación», y han señalado las aglomeraciones y las fiestas ilegales. En este sentido, el alcalde de Palma, José Hila, ha puesto de ejemplo los macrobotellones realizados en polígonos de la ciudad.
El anuncio de este plan, han subrayado, «o es una imposición por capricho, es una decisión que viene determinada por las directrices y recomendaciones que marcan las autoridades sanitarias y unos pocos no siguen».