El pleno del Consell de Mallorca ha dado este jueves el visto bueno a la polémica norma que pone limitaciones al número de plazas turísticas de la Isla y que elimina la posibilidad de construir nuevos hoteles rurales en suelo rústico, con 17 votos a favor y 16 en contra. El Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) ha salido adelante con los votos de los partidos de izquierdas y el rechazo de la oposición, que este pasado miércoles pidió su retirada por la situación actual.
La consellera de Territorio, Maria Antònia Garcías, ha señalado, en una nota de prensa, que Mallorca ya cuenta con una «herramienta de ordenación territorial de la principal actividad económica». «Genuina, jurídicamente robusta, coherente con el cambio de modelo que estamos impulsando y que apuesta por un turismo diversificado y de calidad», ha defendido.
Garcías ha apuntado, además, que «en un territorio limitado como el nuestro, hacía falta poner orden en la actividad turística, regular con coherencia, contención y equilibrio desde una perspectiva global».
El portavoz del PP en el Consell, Llorenç Galmés, alertó de que el plan hará «mucho daño» a las economías medias de la Mallorca y paralizará cualquier desarrollo económico en los pueblos de interior. «Muchos autónomos van a perder su lugar de trabajo y muchas pequeñas y medianas empresas no van a poder continuar desarrollando su actividad». También criticó que el texto se apruebe sin consenso y denunció que la oposición apenas ha tenido doce horas para estudiar el documento.
El portavoz del PI, Antoni Amengual, también pidió la retirada del texto porque no se adecúa a la nueva realidad económica provocada por el coronavirus. Amengual anunció que su partido votará en contra porque el texto está «desfasado». «La administración no puede trabajar de espaldas a la realidad económica que sufrimos, dijo.
Añadió que el proyecto debe reformularse porque debe haber un reequilibrio entre los sectores productivos y la propuesta no presenta ninguna medida al respecto. Amengual cree que la norma generará inseguridad jurídica en los ayuntamientos, que son quienes deben regular el alquiler turístico.
La norma que se ha aprobado este jueves prevé reducir de 43.000 a 32.000 el número de plazas turísticas vacantes, de las que 22.000 serán para el alquiler vacaciones y otras 10.000 serán plazas hoteleras.
Suelo rústico
Uno de los cambios más sustanciales tiene que ver con la nueva regulación en suelo rústico: se prohíben los hoteles rurales, no se podrá ofrecer alquiler vacacional en viviendas recién construidas en el campo y aquellas que quieran dar este servicio en las ya construidas deberán garantizar que existe algún tipo de actividad agrícola. También se prohíbe el alquiler turístico en zonas saturadas.
Los ecologistas tampoco apoyan la nueva regulación que se propone
Los sectores ecologistas de Mallorca tampoco están de acuerdo con la norma que aprobará en pleno la institución insular, pero sus críticas van en sentido opuesto a las de la oposición. GOB y Terraferida lamentan que el Consell no haya aprovechado este documento para reducir el número de plazas turísticas que existen en Mallorca, que ahora suman 430.000.
El Consell precisa que la norma sí supone una reducción de plazas de facto ya que, a largo plazo, desaparecerán las 120.000 que se han ido concediendo estos años con regulaciones extraordinarias.
Habtur Baleares
Habtur Baleares ha calificado el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) como «un nuevo despropósito» para el sector del alquiler vacacional.
En un comunicado, la asociación ha resaltado este jueves que está analizando «la posibilidad de recurrir» el plan una vez que sea aprobado definitivamente por parte del Consell de Mallorca.
De este modo, la asociación ha señalado ver «con preocupación» muchas de las medidas que se materializan en el documento como por ejemplo «el patrón de densidad incorporado, el certificado energético exigido o la moratoria de cuatro años de las plazas que no estaban a la venta».
Según la gerente de Habtur, Maria Gibert, estos puntos «harán imposible dar nuevas altas a determinadas zonas de Mallorca, si tenemos en cuenta que también se incorporan nuevas zonas maduras saturadas».
Desde la patronal han expresado que las decisiones que tomó el anterior Govern respecto al alquiler vacacional están «llevando a que se perpetre el modelo hotelero». «Esto impide un reparto real de la riqueza dentro de la sociedad mallorquina», han dicho.
Gibert ha subrayado que, con todas las medidas que se llevaron a cabo a lo largo de la pasada legislatura y continúan ésta, «cada vez se dificulta más y más el ejercicio de la actividad» por parte de los ciudadanos que tienen viviendas de uso turístico, y ahora, «vemos como se dejará fuera a muchísima gente».
Gibert, además, ha remarcado que este nuevo plan de regulación lo único que está fomentando «es la perpetuación de un modelo menos sostenible y menos respetuoso con el entorno» que desde la asociación «preocupa muchísimo».
En cuanto al número de plazas, también es un factor que «intranquiliza» a la patronal, según su gerente, puesto que de las 115.000 plazas establecidas para el sector vacacional, hay 90.000 que no han pasado por bolsa, «que por lo tanto serán bajas definitivas y no recuperables».