La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas más de 200 diligencias penales en toda España por posibles delitos relacionados con la gestión de las residencias de mayores y de discapacitados durante la pandemia de covid-19, una en Baleares. En cuanto a las diligencias civiles, la cifra total asciende a 193 actuaciones abiertas.
Por territorios, tras Madrid --que es la que más investigaciones penales abiertas mantiene--, le siguen Cataluña con una treintena y cinco causas en los juzgados, Castilla-La Mancha con 22, y Castilla y León con una veintena y hasta cinco procedimientos judiciales abiertos. Tras ellas está Galicia, que acumula un total de 12 expedientes abiertos en su Fiscalía por las residencias.
En el todo el territorio hay 30 órganos judiciales que ya tramitan causas por posible responsabilidad penal en estos centros de mayores, tres menos que la semana pasada porque se han sobreseído algunos asuntos. Las que más acumulan en este ámbito son Madrid (6), Aragón (6), Cataluña (5), Castilla y León (5), Murcia (3) y Extremadura (2).
La FGE señala en un comunicado que esta semana se ha decretado el archivo de hasta 17 expedientes de diligencias de investigación penal, y concreta que ha sido en las fiscalías de Lugo (1), Toledo (1), Cáceres (2), Barcelona (11), Granollers (1), Castilla y León (1). Pero matiza que la de Lugo y una de Madrid han sido archivadas por haberse acordado su judicialización.
Asimismo, informan de que se han incoado cuatro nuevas diligencias de investigación penal esta semana (hasta el 29 de junio): Dos en la Fiscalía Provincial de Madrid, una en Badajoz y una en la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares.
Por el contrario, frente a las cifras de Madrid, comunidades como Cantabria, País Vasco o Murcia no tienen asuntos de trascendencia penal relacionados con las residencias, y otras como Asturias, Canarias, Baleares, Navarra o Valencia apenas tienen una o dos.
DILIGENCIAS CIVILES
En cuanto a las diligencias civiles, la cifra total de actuaciones abiertas son 193 en las fiscalías territoriales, desde donde se hace el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores.
La diferencia con las últimas semanas es de tan sólo una diligencia, cuando se contabilizaron 194. No obstante, en el último recuento del Ministerio Publico se ha registrado tres nuevas diligencias incoadas en las fiscalías de Valencia, Ourense y Castilla y León, mientras que han sido archivadas cuatro actuaciones de esta misma naturaleza (dos en Cataluña, una en Aragón y otra en Castilla y León).
Cataluña y Andalucía son las comunidades autónomas donde permanecen abiertos más procedimientos civiles, con decenas de diligencias. Le siguen Castilla y León, con una veintena de actuaciones vivas; y Castilla y León y Comunidad Valenciana, con una decena.