La Fiscalía de Baleares y el Colegio de Abogados de las Islas han alcanzado un acuerdo para agilizar las conformidades en los juicios penales, «dado el nuevo escenario judicial que se abrirá tras la crisis sanitaria de la COVID-19 y la acumulación de procedimientos penales pendientes de enjuiciar».
En la práctica, la gran mayoría de los procesos penales que llegan a juicio terminan en una conformidad en el que la condena queda determinada por un acuerdo entre el ministerio público y la defensa. El problema que se plantea ahora es cómo desarrollar de forma ágil esas negociaciones. Antes, la práctica común era una breve negociación minutos antes de la vista.
Ahora, se trata de que esos acuerdos se lleven a cabo con antelación para evitar señalamientos inútiles y la citación de testigos y de las partes en los juzgados. De hecho, desde hace unos años se generalizó la práctica iniciada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de llevar a cabo señalamientos «a prevención» en los que sólo se citaba a acusado y partes por si se alcanzaba un acuerdo. El resto de órganos penales siguieron esta idea que evitaba sobre todo el tener que citar a testigos y peritos para juicios que luego no se llegaban a celebrar.
La Fiscalía de Baleares se puso en contacto con el Colegio de Abogados para buscar vías para agilizar el contacto entre los fiscales y los letrados para facilitar las negociaciones. El acuerdo sigue el modelo que se intentó implantar hace más de una década y que se llevó a práctica durante un tiempo, y que facilitaba las comunicaciones entre todas las partes. Cualquier letrado que lo necesite podrá conseguir a través de Fiscalía el correo electrónico del fiscal asignado a cada asunto y también se busca una comunicación en el otro sentido: Que sea el ministerio público el que pueda tomar la iniciativa para los acuerdos. Además se han designado una serie de fiscales y a un letrado por si existe algún problema en esa comunicación. Se trata de que «los asuntos penales que sean susceptibles de una terminación consensuada pueda abrirse una negociación previa a la celebración del juicio para intentar un posible acuerdo de conformidad que, de alcanzarse, podrá suponer una resolución más ágil y rápida de los asuntos, sin menoscabo de derecho alguno».
Derecho de defensa
Desde el Colegio de Abogados, el letrado designado para hacer esa labor de mediación, Salvador Perera, explica que se trata de dar la opción, pero que en ningún caso supone ningún tipo de cortapisa al derecho de defensa. «Quien quiera celebrar el juicio lo hará como antes sin que haya presión», señala.
Los juzgados están dando prioridad a los señalamientos con posibles conformidades que suponen un trámite mucho más ágil. Una de las intenciones es limitar el acceso de personas a las sedes judiciales por lo que, estos pactos, que se pueden cerrar por videoconferencia, evita presencias en los edificios. En la Audiencia Provincial, juzgados de Menores y en los penales de Palma se han llevado a cabo juicios sin conformidad en las últimas semanas ya que se han mantenido las causas en las que hay presos. Los juzgados también prueban con mecanismos telemáticos para las vistas.
Los órganos judiciales trabajan en las últimas semanas para rehacer las agendas y volver a señalar las vistas que se han visto suspendidas durante el estado de alarma.