El Govern balear prepara una moratoria urbanística para impedir la construcción en amplias zonas de suelo rústico de las Islas y lo hará a través de otro decreto ley de medidas urgentes. Los partidos de izquierdas seguían negociando este jueves aspectos muy concretos de este decreto, pero la intención es que este viernes pueda recibir el visto bueno del Consell de Govern para que entre en vigor de inmediato.
La norma también desclasifica suelo urbanizable no programado con una serie de requisitos muy específicos, como que tengan una vigencia superior a ocho años y que hayan aprobado el Programa de Actuación Urbanística con anterioridad a la entrada en vigor de la vigente Ley de Urbanismo. También se desclasifican suelos de uso residencial, turístico a mixto con una serie de condiciones.
Prevención de riesgos
Uno de los propósitos del decreto es aprobar una norma territorial cautelar que impida la construcción en las áreas de prevención de riesgos, lo que afecta a gran parte del territorio de algunos municipios, como es el caso de Campos. La suspensión de licencias no permite autorizar la construcción de viviendas unifamiliares, por ejemplo, excepto las que estén vinculadas a agrupaciones agropecuarias. Con algunas excepciones, durará hasta que los consells establezcan nuevas normas de implantación de edificaciones y usos en suelo rústico mediante la modificación de los planes territoriales.
Para la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, se rebajan los parámetros edificatorios y la superficie máxima que podrá construirse. El volumen máximo del conjunto de toda la edificación en cualquier categoría de suelo rústico pasa de 1.500 a 900 metros cúbicos. Es decir, las edificaciones en suelo rústico, incluyendo porches, piscinas y áreas comunes, serán más pequeñas de los que se permitía hasta ahora.
La norma en la que trabaja la Conselleria de Medi Ambient, que dirige Miquel Mir (Més) también pretende dar carpetazo definitivo a los falsos urbanos, uno de los asuntos más controvertidos desde el punto de vista urbanístico y que se arrastra sin solución desde hace años.
La moratoria también afectará a estos terrenos, a los que les falta alguno de los servicios esenciales, como el alcantarilla, la luz o la red de agua, para ser considerado urbano. La intención es que esos terrenos queden en suspenso y que sean los consells quienes decidan a partir de diciembre de 2021 la clasificación del suelo: urbano o rústico.
Vuelven las DOT
De hecho, la intención de esta norma suspensiva es poner las bases para acabar con este y otros problemas que están sin resolver desde que se aprobaron las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), en el año 1999.
Las DOT son la regulación básica urbanística sobre la que se sustentan después los planes territoriales de cada isla. Se aprobaron a instancia de Jaume Matas, en su primer mandato, y provocaron un enorme rechazo en las filas más conservadoras de su partido, con la oposición clara y rotunda de quien hasta entonces había sido el líder de la derecha balear, Gabriel Cañellas.
Las DOT debían haberse revisado a los diez años, en 2009, pero se dejó pasar el tiempo. En su época de conseller de Territori, Gabriel Company hizo un amago de modificación de la norma y en la pasada legislatura también se habló de la necesidad de cambiar este documento y se empezó a trabajar sin que se cerrara una propuesta concreta.
El Govern quiere ahora cambiar esta normativa con un retraso de más de diez años con respecto a la previsión.