Baleares comienza la desescalada con su sistema sanitario liberado de una presión que nunca fue desbordante, pero cunde el miedo a que el impacto social de la crisis del coronavirus sea el peor de España porque la prolongación del cierre de fronteras alimenta la tormenta económica perfecta: un verano sin turistas.
La menor de las islas, Formentera, con un solo enfermo leve en su territorio, se adelanta el lunes al resto del archipiélago para iniciar la fase 1 inmersa en la paradoja de que la protección sanitaria que le proporciona el aislamiento mantiene congelado un sector turístico al que poco le sirve que los hoteles y otros servicios vacacionales puedan abrir si no hay clientes.
Esta paradoja es común a las cuatro islas, para las que el Govern autonómico prevé, en un escenario de arranque leve del turismo en el mes de agosto, una caída del producto interior bruto regional del 30 % y un incremento del paro en la misma proporción.
Pese a este golpe sin precedentes para la economía y las severas consecuencias sociales que llevará aparejado, la presidenta autonómica, Francina Armengol, ha repetido desde el inicio de la epidemia que la prioridad es la salud de los baleares y su planteamiento es que los aeropuertos y los puertos sean «lo último» en reabrir.
Con 1.902 casos de COVID-19 contabilizados durante la pandemia y un ritmo de crecimiento a la baja y menor al 0,5 % diario, la incidencia en Baleares ha sido con los últimos datos de 165 casos por cada 100.000 habitantes.
Han muerto hasta este sábado 197 personas infectadas en una población próxima a los 1.150.000 habitantes.
A día de hoy hay 437 enfermos que siguen infectados tras curarse dos tercios de los contagiados y permanecen ingresadas en cuidados intensivos 54 personas.
En el momento de máxima ocupación, el 6 de abril, había 115 pacientes en las ucis, que nunca se han visto desbordadas, según la Conselleria de Salut, en cuyos planes de contingencia se prevé contar con hasta 173 camas de cuidados intensivos si fuera necesario.
La situación es diversa por islas y el Govern ha pedido al ejecutivo central que incluya a Ibiza y Menorca en el grupo de Formentera y las canarias de La Graciosa, La Gomera y El Hierro para adelantarse el 4 de mayo al inicio de la fase 1. El Gobierno no ha respondido aún a la demanda.
En Formentera, con poco más de 12.000 residentes y hospital público, hay un paciente recuperándose en su casa y otra residente está hospitalizada en Ibiza.
En Menorca, con casi 93.500 vecinos, hay 8 enfermos, y no se ha registrado ningún contagio desde hace días.
También está prácticamente estable desde hace días el número de casos en Ibiza, que con 33 afectados tiene 22,3 enfermos con infección activa por cada 100.000 habitantes.
Mallorca, que concentra más de tres cuartas partes de la población del archipiélago, tiene 44 enfermos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes.
Si no se produce un cambio abrupto en la evolución de la pandemia, las islas están en buena posición sanitaria para avanzar en la desescalada de las restricciones, lo que representará un alivio superficial para una economía que a estas alturas del año ya estaría a punto para recibir a millones de turistas en una campaña que se auguraba masiva.
Pero la realidad impuesta por el coronavirus es la de hoteles cerrados y sin perspectiva de abrir aunque tengan permiso, y un mercado laboral congelado con unos 160.000 trabajadores incluidos en 19.000 expedientes de regulación de empleo.
Con este panorama, los responsables políticos y los agentes económicos esperan que la desescalada interna mueva el consumo local y permita la vuelta al trabajo de una parte de las empresas y trabajadores inactivos, pero señalan que solo la apertura exterior, que se atisba muy lejana, pondrá en marcha de nuevo la máquina productiva.
Por ello el Govern insiste de cara al escenario posterior al confinamiento en que se tienen que reforzar los controles sanitarios en los aeropuertos y puertos, para preservar la salud de los baleares y dar tranquilidad a los turistas, y reclama que se prorroguen hasta el otoño los ERTE que protegen a los trabajadores y las bonificaciones para empresas turísticas.