Miles de trabajadores de Baleares afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en vigor desde la declaración del estado de alarma el pasado 15 de marzo aún no han cobrado el paro del mes pasado, que en teoría se debería haber ingresado el 10 de abril. Este retraso se debe al colapso en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo encargado de los ingresos una vez que la autoridad laboral de la Comunitat ha aprobado el ERTE.
Cabe tener en cuenta que muchas empresas no presentaron el ERTE hasta el mes de abril, por lo que los trabajadores afectados no cobrarán hasta mayo. Sin embargo, en la primera semana del estado de alarma en las Islas ya se habían presentado 8.080 ERTE para 71.100 trabajadores, según informó el conseller de Turisme i Treball, Iago Negueruela, a finales de marzo. A día de hoy, ya se han presentado 18.000 que afectan a 158.000 empleados. Ante esta avalancha, el Govern ha reforzado con más de 50 funcionarios el departamento que debe tramitar los ERTE. El pasado lunes ya se habían resuelto 4.200.
Desde el Ministerio de Trabajo reconocieron este miércoles que existe un retraso en el pago de las prestaciones por desempleo debido al elevado volumen de expedientes que tienen sobre la mesa, pese al refuerzo del SEPE. En cualquier caso, no descartaron que los pagos pendientes puedan ingresarse a lo largo de este mes.
Acuerdo
La Mesa de Diálogo Social analizó este miércoles la delicada situación por la que atraviesa la economía balear por la pandemia del coronavirus. El principal acuerdo que alcanzaron Govern, patronal y sindicatos es apostar por el mantenimiento del tejido empresarial.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, tras la reunión, anunció que el Govern pedirá al Gobierno central que las empresas que se hayan acogido a expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor puedan pasar a ERTE por causas productivas y que las bonificaciones que se derivan de ellos se mantengan más allá del estado de alarma, al menos durante seis meses.
«Pediremos al Gobierno que en el sector turístico los ERTE de fuerza mayor se mantengan más allá del estado de alarma, al menos seis meses, y que las empresas puedan tener bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social durante ese período para poder mantener las empresas y puestos de trabajo».
El Ejecutivo pretende que el Gobierno central asuma el coste de esas cotizaciones, pero si no lo acepta, «el Govern arbitraría poder financiar el crédito para que las empresas puedan asumir esas cotizaciones a la Seguridad Social», afirmó Armengol.
La propuesta es plantear que, de forma masiva, las empresas puedan pasar los ERTE de fuerza mayor a ERTE de causas productivas y que el Estado pague las cotizaciones, para que «los trabajadores puedan seguir cobrando aunque entren en ERTE de fuerza productiva y a la vez las empresa puedan tener bonificaciones estatales.
La intención, es «proteger que pueda haber actividad económica lo antes posible y que puedan acogerse a un ERTE flexible, «que entren y salgan», agregó Armengol, para que sigan manteniendo el acceso a las condiciones extraordinarias que suponen esos expedientes.
El conseller de Treball i Turisme, Iago Negueruela, recomendó este miércoles a las empresas que encadenen los ERTE para así no tener problemas y puedan mantener su viabilidad: «Que no haya ni un día en que las empresas pueda tener altas sin tener actividad, ya que ello generaría descapitalización». Añadió que es viable el paso de un tipo de ERTE a otro «porque la caída de la demanda turística es tal que no se va a recuperar en las empresas».
CAEB pide que mientras haya restricciones se mantengan los ERTE
La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, consideró ayer de «imperiosa necesidad» que el Gobierno central garantice que se mantengan las condiciones que contempla la declaración de ERTEs por fuerza mayor mientras existan restricciones a la actividad empresarial.
Planas valoró de forma positiva el acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo Social: «Desde CAEB suscribimos el acuerdo por responsabilidad, entendiendo que debe ser un primer paso que lleve a otros que den respuesta a peticiones aún pendientes y urgentes, como adoptar nuevas medidas en materia fiscal para apoyar a las empresas».