El Consell de Govern ha aprobado, entre otras medias, la ampliación de la línea extraordinaria del Govern y la sociedad de garantía recíproca ISBA para inyectar liquidez a autónomos y pequeñas y medianas empresas con actividad en Baleares, de forma que la financiación que se pone al alcance aumenta de los 50 millones de euros iniciales a 75 millones, para mitigar el impacto económico derivado de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
■ Ayudas a autónomos y pymes
Esta línea extraordinaria, ampliable en función de las necesidades y la demanda, tal y como se estableció cuando se puso en marcha, se dirige a autónomos y pymes, empresas de hasta un máximo de 250 trabajadores y con un volumen de facturación inferior a 50 millones, que tengan actividad —domicilio social o establecimiento— en Baleares y formalicen operaciones de liquidez para mitigar los efectos de la pandemia y del estado de alarma.
La financiación bancaria que facilita esta línea extraordinaria permite obtener liquidez a las personas o empresas beneficiarias en unas condiciones muy ventajosas, según las que las operaciones quedan avaladas en un cien por cien y el Govern cubre totalmente el pago de los intereses y también la comisión del aval. La cuantía máxima de las operaciones es de hasta 300.000 € por beneficiario.
■ Última hora del coronavirus
Junto con la puesta en marcha de esta línea extraordinaria COVID-19, el Govern e ISBA mantienen operativas las otras dos líneas ordinarias de financiación para 2020 aprobadas previamente a la actual situación de emergencia: la línea CAIB-ISBA para pymes y autónomos, la cual pone al alcance una financiación de 40 millones, para liquidez e inversiones, y la línea específica dirigida al sector industrial a través del Instituto de Innovación Empresarial (IDI), con una financiación de 10 millones para inversiones.
Además de facilitar nueva financiación a través de la línea extraordinaria puesta en marcha para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria, también se está ofreciendo otra medida derivada de la emergencia actual: las operaciones de financiación que ya tenían previamente un aval de ISBA pueden solicitar el aplazamiento, de seis meses hasta un año, del pago de las amortizaciones de la deuda correspondiente a estos préstamos.
■ Nuevas operaciones de crédito para la Comunitat
El Consell de Govern ha aprobado también, según la nota informativa publicada al respecto, el acuerdo por el que se autoriza la posibilidad de concertar operaciones de crédito a corto plazo por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de acuerdo con lo establecido en la Ley de presupuestos generales para 2020 y la Ley de finanzas de la Comunidad Autónoma, por un importe de 433 millones de euros. La formalización de estas operaciones dependerá de las necesidades que se puedan producir próximamente y que requieran esta medida para dotar de mayor liquidez a la Comunidad Autónoma ante la situación económica y social derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
De este modo, el Govern de les Illes Balears abre la vía para concertar operaciones de crédito a corto plazo para atender posibles necesidades de tesorería mediante la formalización de nuevas operaciones, la cual queda condicionada a la obtención de la autorización del Estado como prevé la normativa vigente. El importe máximo de estas posibles operaciones de crédito a corto plazo previstas en este acuerdo es de 433 millones de euros y el plazo de vencimiento de estas será de un año.
Este importe supone un límite máximo para las posibles nuevas operaciones, adicional a los 450 millones de euros inicialmente aprobados por el Consell de Govern a principio de marzo y que ya han sido autorizados por el Consejo de Ministros. De acuerdo con la Ley de finanzas de la Comunidad Autónoma, corresponde al Consell de Govern autorizar y aprobar la concertación de operaciones de crédito, dentro de los límites autorizados por ley.
■ Solicitud para consells y ajuntaments
Asimismo, el Consell de Govern ha aprobado el Acuerdo por el que insta al Gobierno de España para que permita a las administraciones locales (consells insulares y ayuntamientos) liberar más recursos propios provenientes de años anteriores y flexibilice la aplicación de la regla de gasto a estas administraciones, sin limitar el uso de estos fondos al 20 % del superávit de 2019, tal y como establecen las medidas estatales aprobadas hasta ahora para atender los gastos derivados de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. El Govern reclama nuevas medidas para atender las necesidades actuales y también la posterior fase de recuperación y reconstrucción del sistema productivo.
Este acuerdo insta al Gobierno español a permitir a los consejos y a los ayuntamientos disponer de los recursos propios provenientes de superávits y remanentes de tesorería de años anteriores y a flexibilizar la aplicación de la regla de gasto a las administraciones locales en los casos que tengan remanentes o margen de endeudamiento para atender los gastos derivados de la gestión de la actual situación de emergencia extraordinaria.
Así mismo, reclama al Gobierno de España la modificación de las medidas adoptadas recientemente respecto al uso del superávit de 2019 de las administraciones locales, a las que queda limitado al 20 % de este saldo positivo, y que permita que los consejos y los ayuntamientos puedan destinar el 100 % del superávit del año pasado a los gastos previstos en la normativa aprobada, relativos a los servicios sociales y la protección social.
Además, el Govern de les Illes Balears insta al Gobierno de España a tomar nuevas medidas de flexibilización del uso de los recursos propios de las administraciones locales provenientes de años anteriores a 2019 y del alcance de su destino. En este sentido, también propone ampliar las finalidades de los gastos en función de las necesidades tanto en el ámbito social como económico, en ejercicio de las competencias propias de las administraciones locales, para mitigar los efectos de la crisis derivada de la COVID-19.
El Govern reclama, en este punto, nuevas medidas de flexibilización que posibiliten el uso efectivo de los superávits anteriores a 2019, particularmente en cuanto a la ampliación del alcance de las inversiones y la finalidad de los gastos, en función de las necesidades de los diferentes municipios e islas, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico, con objeto de mitigar mejor los efectos locales e insulares resultantes de la crisis de la COVID-19 y atender la posterior fase de recuperación y reconstrucción del sistema productivo.
El Consell de Govern, por último, ha aprobado la equiparación salarial de los residentes que colaboran en la crisis sanitaria.