El Ministerio de Fomento no vulneró la ley al ordenar que se investigara la renta de los beneficiarios del 75 por ciento de descuento en los desplazamientos a la Península o en los vuelos interislas.
La Agencia de Protección de Datos considera que el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, actuó de forma correcta al realizar este cruce de datos para determinar qué relación existe entre el IRPF y el número de vuelos que realizan los beneficiarios de las ayudas. Señala que lo hizo a instancias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismop que controla el gasto de las administraciones.
La Agencia de Protección de Datos ha actuado a raíz de una queja del Parlament balear en la que se denunciaba que el ministro Ábalos no cumplió la ley de protección de datos al ordenar esta investigación.
En una intervención en el Congreso, Ábalos aseguro que se estaba haciendo esta cruce de datos para saber quiénes se beneficiaban de las bonificaciones y cuántas veces «porque podría ser que unos no se beneficien demasiado y a veces quizá se estén beneficiando demasiado los mismos». Afirmó que podía estar dándose un uso «perverso» de estas ayudas.
Las declaraciones de Ábalos provocaron una enorme polvareda política, pero la Agencia de Protección de Datos ha terminado dando la razón al ministro. Su directora, Mar España Martí, constata en una resolución la «falta de indicios racionales» de una infracción. En el escrito en el que el que se exonera a Ábalos, Protección de Datos incorpora las alegaciones presentadas por el ministro antes estas acusaciones.
Ábalos asegura en este escrito que no se ha hecho ningún tratamiento de datos de carácter personal. Añade que, a instancia de la AIReF «y como parte del ejercicio Spending Review 2019», el Ministerio recibió datos de la Agencia Tributaria «que fueron anonimizados» por el Ministerio y entregados a la AIReF.
Señala que esta actuación se enmarca en el proceso de revisión del gasto de las Administraciones aprobado por el Consejo de Ministros, que obliga al Gobierno a facilitar todos los datos a la AIReF «en cumplimiento de una obligación legal» y en el marco de «una misión realizada en interés público para su tratamiento posterior con fines estadísticos y científicos, sin necesidad de consentimiento previo».
En su escrito de alegaciones, el Ministerio concluye que los datos relativos a los tramos de renta y el número de bonificaciones del descuento de residente se trataron «solo a efectos de cumplir el encargo recibido por la AIReF», que es controlar el gasto de las Administraciones públicas.
La Agencia de Protección de Datos da un mes al Parlament para plantear un recurso de reposición ante la directora de la Agencia o le comunica que puede presentar directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de tres meses.
El Gobierno busca cómo evitar que las compañías suban el precio de los vuelos
En su pliego de alegaciones a la Agencia de Protección de Datos, el Ministerio señala que su intención era cumplir el mandato de la AIReF para hacer un control efectivo del gasto que realiza la Administración.
Con este mismo objetivo, el Gobierno analiza ahora cómo evitar que las aerolíneas suban el precio de los billetes cada vez que se produce un aumento del descuento, como sucedió cuando subió al 75 por ciento.
Entre las opciones que maneja el Ministerio está obligar a las compañías aéreas a que la identificación como residente se haga al final del proceso de compra de los billetes. En cualquier caso, será necesario esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para ver si se establece algún tipo de control añadido a esta medida.