El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el recurso de Bruselas contra el modelo de Hacienda que se ha convertido en el terror de los extranjeros residentes en España y de ciudadanos españoles con bienes en otros países de la UE. El denominado ‘Modelo 720', que funciona desde el año 2012 establece sanciones durísimas para quienes no declaren bienes o cuentas en otros países y, a partir de 2015, desembocó en una cascada de sanciones.
La abundancia de residentes de la UE en Mallorca provocó un elevado número de multas que llegaron a despachos de abogados. Uno de ellos, DMS, promovió una denuncia ante la Comisión Europea que supuso el inicio de un procedimiento de infracción contra la normativa. Como España la ha mantenido, la Comisión terminó interponiendo un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que fue ayer publicitado en el Diario Oficial. El Tribunal aún tiene que resolver sobre esta cuestión. La Comisión plantea que se vulnera la libre circulación de personas, trabajadores y capitales por parte del gobierno español, además de la libertad de prestación de servicios. En la demanda se cuestionan las multas que impone la Agencia Tributaria, que llegan a 5.000 euros por no declarar un dato de forma completa, la imputación de los bienes como ganancia patrimonial o las sanciones del 150 por ciento sobre la liquidación.
La denuncia del despacho de abogados de Palma llevó en primer lugar a que un dictamen exigiera a España que modificara esta normativa. Además, plantea que la fórmula que emplea la Agencia Tributaria choca contra directivas europeas para el retorno de dinero de nacionales desde terceros países.
Posibles indemnizaciones a los sancionados
A la vez que la Unión Europea lleva a España a los tribunales por el ‘modelo 720' también lo ha hecho para que se amplíen los casos en los que el Estado debe indemnizar a los afectados por infracciones del derecho de la UE. De esta forma, se abriría una vía para que afectados por este modelo de la Agencia Tributaria pudieran reclamar perjuicios sufridos si esta normativa, finalmente es anulada por el Tribunal de Justicia. Algunos de los afectados ya han planteado el cobro de estas indemnizaciones en los juzgados.