El Ajuntament de Palma ha dado la orden de cerrar el depósito municipal de Son Toells a la entrada de nuevos vehículos. Según fuentes municipales, de momento, los coches que deban ser retirados de la vía pública serán llevados por la grúa al depósito del aparcamiento municipal de sa Riera.
De esta forma, desde el Consistorio palmesano se da cumplimiento a la orden cautelar de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de cese de la actividad en el depósito a raíz de la apertura de un expediente sancionador por infracción grave tras la denuncia de un particular por presunto delito medioambiental. Desde Medi Ambient también se ha impuesto una multa de 40.000 euros al Ajuntament.
Las mismas fuentes del Consistorio aseguran que la notificación de la Conselleria de Medi Ambient todavía no ha sido recibida oficialmente por los servicios jurídicos municipales, si bien se ha decidido acatar la orden y cerrar las instalaciones. Al mismo tiempo, se informó de que se van a presentar alegaciones.
Mientras tanto, los responsables municipales prosiguen con los trabajos de vaciado del depósito que, como se recordará, se encontraba saturado, lo que impedía desde hace meses la retirada de coches abandonados de la vía pública. De hecho, seguirán sin retirarse vehículos abandonados y aquellos que se deban quitar por incumplir las normas de tráfico o suponer un obstáculo o un peligro serán llevados provisionalmente al aparcamiento subterráneo de sa Riera.
Asimismo, fuentes municipales confirmaron que se sigue trabajando en el proyecto de adecuación del depósito de Son Toells a la normativa medioambiental, que se ejecutará en cuanto sea posible. También se ultima la licitación del contrato para la retirada y tratamiento de los vehículos de la vía pública.
Los problemas legales se le acumulan al depósito municipal
A los responsables de Son Toells se le acumulan los problemas. Por un lado, el Seprona investiga un delito medioambiental, provocado por el posible vertido de aceites contaminantes de los coches depositados en un terreno rústico sin asfaltar. A ello se suma la denuncia de empresas participantes en la reciente subasta de vehículos, que aseguran que algunos de los subastados están inmersos en litigios judiciales en vigor.