El Ajuntament de Palma subastó el pasado jueves un total de 405 vehículos abandonados del depósito municipal de Son Toells. Uno de los lotes (de 242 coches) fue comprado por tres desguaces de Palma por un importe de 38.000 euros.
Joan, Pep y Pilar son los propietarios de estos tres centros especializados en la descontaminación y tramitación de vehículos ganadores de la subasta. La sorpresa ha sido mayúscula cuando han comprobado la documentación de los vehículos adquiridos: la Dirección General de Tráfico les ha informado de que al menos 60 coches de ese lote no pueden ser dados de baja por diferentes incidencias. Han sido informados de que algunos son vehículos sustraídos, otros están en situación de embargo y otros están precintados.
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«Estamos muy preocupados. Hemos ganado una subasta por 38.000 euros más IVA y nos encontramos que legalmente no podemos hacer nada con los coches. Es totalmente ilegal introducir estos vehículos en nuestros desguaces, venderlos o descontaminarlos si no tenemos tramitada la baja de la DGT. Resulta que el Ayuntamiento de Palma nos ha vendido coches robados», comentan los afectados.
Por su parte, Gonzalo Márquez, representante legal de los empresarios, confirma que este martes mantuvieron una reunión con técnicos municipales y con la propia regidora de Seguretat, Joana Maria Adrover. «La reunión fue un desastre. En primer lugar nos entrevistamos con el responsable de la subasta y nos dijo que él era un mandado y que teníamos que hablar con la concejal. Unos minutos más tarde nos recibió la regidora y el jefe de la Policía Local. Ella nos comentó que sus competencias son estrictamente políticas y que la subasta es cosa de los técnicos. Es decir, que se pasan la pelota uno a otros. La única opción que nos dio fue que mis clientes renunciaran al lote y que lo cogiera el siguiente de la lista. El problema es el siguiente. ¿Qué hará el siguiente centro con los más de 60 coches robados, embargados o precintados? ¿Cómo los dará de baja?», comenta Gonzalo.
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Los responsables de los desguaces también denuncian posibles irregularidades en el procedimiento de subasta. «Nos llamaron cuatro días antes y nos dieron una lista con todos los coches que iban a subastar. El mismo día y a voz alzada nos informaron de que se quitaban una serie de coches, algunos de alta gama, de la lista porque tenían problemas para tramitar la baja. Ahora resulta que eso no es cierto porque hemos comprobado que sí podían darse de baja. Aquí están sucediendo cosas muy extrañas», señalan los afectados.
Los letrados de los empresarios solicitarán la suspensión de la subasta al entender que sus clientes podrían incurrir en varios delitos penales si aceptan la compra de los vehículos.
Del mismo modo, varios abogados ya están estudiando interponer denuncia penal contra el Ajuntament por los presuntos delitos de alteración de precio en subasta pública, prevaricación e inducción a delitos medioambientales.
Desde hace meses, el Consistorio palmesano está en el punto de mira de la Fiscalía de Medio Ambiente por el ‘caso Emaya' y el ‘caso Son Toells'.