La Policía de Palma ha comenzado a poner controles en diversos puntos de la ciudad para informar, pero también sancionar, las irregularidades de las personas que conducen vehículos de movilidad personal (VMP), sobre todo patinetes eléctricos. Según fuentes policiales, estos controles se realizan a cargo de policías de barrio cada día en puntos distintos, priorizando aquellos en los que se ha detectado un mayor número de incumplimientos o de quejas por parte de vecinos y peatones.
Los policías que llevan a cabo estos controles paran a los usuarios de patinetes eléctricos y demás VPM que cometen alguna infracción y si ésta no es muy grave y, en función de la predisposición del conductor, simplemente se le informa de la normativa. En otros casos, como en el de las infracciones muy graves, como puede ser circular a una velocidad excesiva, se procede directamente a multarle.
Desde que en junio entró en vigor el decreto que regula estos vehículos, el trabajo se ha centrado sobre todo en los patinetes eléctricos de alquiler de la Platja de Palma, pero ahora se ha decidido extender este control al resto de la ciudad, «pues el aumento exponencial de estos vehículos requiere una mayor contundencia por parte de los agentes de la autoridad», admite una fuente.
La policía ha detectado que hay mucha necesidad de información, por un desconocimiento general de la norma por parte de los conductores de estos vehículos, y que el peatón, «que es la máxima prioridad», no está protegido suficientemente en algunos casos; por eso es preciso empezar a hacer estos controles.
Entre el 10 de junio y el 13 de agosto se han puesto 52 multas. Más de la mitad de estas sanciones, 33, se interpusieron por circular por la calzada, algo que no puede hacerse, y otras 14 por circular por aceras o paseos. En estos dos casos las multas tienen una cuantía de 40 euros. Según el decreto regulador, estos vehículos solo pueden transitar por los carriles bici o en las denominadas calles de las zonas 30.
Otras cinco sanciones han sido mucho más cuantiosas, de 200 euros, por conducción negligente, como es el exceso de velocidad, o por ir hablando con el móvil mientras se conduce.
Esta primera campaña de control policial durará dos semanas y a continuación se valorarán los resultados.