Un total de 60 altos cargos y asesores del Govern se enfrentan a multas de entre 1.000 y 10.000 euros por no haber entregado a la Oficina Anticorrupció su declaración de bienes. El plazo para la presentación de estas declaraciones acabó hace semanas y más de un tercio de altos cargos no cumplieron el mandato.
Sí lo han hecho la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la totalidad de los consellers, pero el resto de altos cargos ya ha comenzado a recibir un requerimiento en el que se conmina a que entreguen de inmediato la declaración y se les comunica que, en función de las circunstancias, están sujetos a multas que puedan llegar a los 10.000 euros.
Las respuestas
Los responsables de la Oficina Anticorrupció ya han comenzado a enviar los requerimientos a los altos cargos que han incumplido la norma. En función de las respuestas de los afectados, se iniciarán los expedientes sancionadores, según informan responsables de este organismo.
La ley de creación de la Oficina Anticorrupció y el reglamento que regula este organismo obliga a los altos cargos a entregar sus declaraciones de renta y de bienes y patrimonio. Quedan bajo custodia en la Oficina y pueden consultarse públicamente. La amenaza de sanción llega por no respetar esta obligación.
Algunas actuaciones de la Oficina Anticorrupció han empezado a incomodar a representantes del Govern, que critican en privado las actuaciones del director de este organismo público, Jaime Far. Una de ellas es la decisión de investigar el pago de horas extras a los bomberos del Consell.
La Oficina ha presentado varios requerimientos al Consell para que le envíe detalles de estos pagos, pero desde el Govern señalan que en ningún caso se trata de un caso de corrupción, ya que tiene que ver con la imposibilidad de ampliar las plantillas como consecuencia de la aprobación de la ‘ley Montoro'.
Tampoco han sentado bien algunas declaraciones realizadas por Far a los medios de comunicación en las que informó de parte de sus actuaciones y de que se estaba investigando a un alto cargo por un posible delito urbanístico. La puesta en marcha de la Oficina Anticorrupció fue una exigencia de Podemos para poder cerrar el acuerdo de gobierno en la anterior legislatura. La propuesta de creación de este organismo partió de Podemos, pero el nombre de Jaime Far se eligió a propuesta de Més. La Oficina Anticorrupció contará durante este año con un presupuesto global de un millón de euros.