El Consell Consultiu ha dado el visto bueno a la creación de la Oficina de Drets Lingüístics, aunque con algunos matices «no sustanciales», según fuentes del Govern, que este jueves recibieron el dictamen por parte del órgano asesor. El dictamen incluye sugerencias de modificación técnicas que no afectan al contenido del decreto que redactó el Govern.
No ha trascendido el contenido del dictamen, que ya analiza el Govern, pero sí se sabe que recoge un voto particular de uno de los consejeros, José Argüelles, que alerta de que la creación de este organismo no tiene base legal y podría presentar aspectos inconstitucionales.
El Govern tiene ahora la potestad de aprobar la creación de esta nueva entidad sin modificar su contenido o puede introducir las modificaciones que le sugiere el Consell Consultiu.
Si se opta por la segunda vía, el decreto se aprobaría de acuerdo con las directrices del órgano asesor. Si no atiende las peticiones del Consultiu, en el decreto de aprobación no podrá figurar que se ha hecho de acuerdo con el Consultiu, sino «oído el Consell Consultiu».
La creación de la Oficina de Drets Lingüístics es una exigencia de Més, que ya se recogió en el anterior pacto, pero que no llegó a aprobarse. El decreto de creación se aprobó justo antes de las elecciones y se envió al Consultiu, que no se ha pronunciado hasta ahora.
Més exige que la Oficina se ponga en marcha de inmediato y recuerda que en los Presupuestos de este año ya figura una partida de 100.000 euros gracias a una enmienda de Més per Menorca.
Pide que los Presupuestos de este año, que en estos momentos están en fase de elaboración, incluyan una partida suficiente para poner en marcha el organismo. Desde Més se asegura que el PSIB no había dado aún el visto bueno a la inclusión de esta partida en los Presupuestos a la espera del dictamen del Consell Consultiu, que ya está en manos del Ejecutivo.
Otra polémica
El malestar en Més por el retraso en la puesta en marcha de la Oficina de Drets Lingüístics se suma al que generó el anuncio de que el catalán no sería requisito para el cargo de director del Institut d'Indústries Culturals. La Conselleria de Presidència se vio obligada a modificar las bases ante las quejas de los ecosoberanistas.