El Govern pedirá al Gobierno la modificación de la ley estatal de emprendedores que habilita la concesión de visados de residencia exprés a ciudadanos extranjeros no comunitarios que inviertan en bienes inmuebles por un valor de al menos 500.000 euros. Son los llamados ‘visados oro', que en general se conceden como consecuencia de la compra de una vivienda que nada tiene que ver con inversiones productivas.
Según Transparencia Internacional, de entre los 13 países de la Unión Europea que ofrecen estos visados exprés, España es el favorito para los inversores y Baleares es una de las provincias preferidas. Desde que se puso en marcha esta medida en 2013, el Ministerio de Trabajo ha contabilizada a un total de 116 acaudalados inversores que han logrado el permiso de residencia por esta vía.
Baleares es la séptima provincia preferida, por detrás de Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Valencia y Girona. Quienes obtuvieron estos visados fueron mayoritariamente ciudadanos chinos, rusos y suizos. El ‘visado oro' también se concede a profesionales «altamente cualificados», pero el 95 por ciento de los concedidos en Baleares responde a razones económicas.
Número de operaciones
La petición del Govern para que se anule tiene que ver con las alertas lanzadas por la Comisión Europea contra España: entiende que, tras estas inversiones, pueden esconderse posibles delitos financieros relacionados con el blanqueo de capitales o la evasión fiscal. El Govern cree que el Gobierno de Pedro Sánchez debe derogar este privilegio al considerarlo injusto, ya que ofrece unas oportunidades a los inmigrantes ricos que se niegan a los inmigrantes sin dinero.
Aunque los llamados ‘visados oro' no son equivalentes a la concesión de la nacionalidad, sí conceden importantes derechos a quienes los poseen en la Unión Europea, incluido el derecho a desplazarse libremente por el espacio sin fronteras Schengen, y ese es uno de los temores de la Comisión.
También el Parlamento Europeo se ha mostrado contrario a esta disposición del Gobierno de España. En una resolución tomada en 2014, consideró que cualquier opción que implique la venta directa o indirecta de la ciudadanía o del permiso de residencia «socava» el concepto mismo de ciudadanía europea. Por eso pidió a los estados miembros que fueran prudentes en la concesión de estos visados.
Según datos del Ministerio de Trabajo y el Colegio de Registradores, en 2018 se produjeron en las Islas un total de 138 operaciones de compraventa de casas de más de 500.000 euros, pero únicamente en dicho año se concedieron 20 ‘visados oro'.