Los ministerios de Sanidad y Hacienda han enviado cartas a los gobiernos de 11 comunidades autónomas (CCAA), entre ellas Baleares, para advertirles de que han superado la tasa de referencia de la regla de gasto en materia farmacéutica y sanitaria, según han confirmado fuentes ministeriales.
Todas estas CCAA están adheridas al instrumento de sostenibilidad del artículo 113 de la Ley General de Sanidad, que fija que la variación interanual del gasto farmacéutico, tanto hospitalario como en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación, y del gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación, «no podrá ser superior» a la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, conocida como regla de gasto, que en 2017 se situó en el 2,1 por ciento, el 2,4 por ciento en 2018 y en el 2,7 por ciento en 2019.
Este mecanismo, ligado al Fondo de Financiación, prevé que, cuando se supere el límite previsto, la comunidad autónoma «no podrá aprobar la cartera de servicios complementaria» y «no podrá prestar servicios distintos de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud». Además, se fija que su acceso al reparto de recursos económicos del Estado en materia de sanidad estará sujeto a informe favorable de Hacienda. Así, la autonomía deberá aplicar «medidas de mejora de la eficiencia y sostenibilidad».
Fuentes ministeriales, no obstante, precisan que el «único» objetivo de la misiva ha sido «comunicar a esas comunidades que se ha incumplido esa herramienta de sostenibilidad, y se les emplaza a que presenten propuestas para mejorar la eficacia en esta área».
De acuerdo a cifras aportadas por Hacienda, 11 de las 12 comunidades autónomas acogidas al instrumento de sostenibilidad superaron la regla de gasto farmacéutico y sanitario en 2017. Andalucía (2,4%), Aragón (2,4%), Asturias (3,6%), Baleares (4,7%), Canarias (3,3%), Cantabria (3,8%), Castilla-La Mancha (3,2%), Cataluña (3,3%), Extremadura (2,3%), Galicia (4,7%) y Murcia (2,7%) superaron la tasa de variación interanual, fijada en 2,1 por ciento por Hacienda. Solo cumplió Comunidad Valenciana (2,1%).
Madrid (3,7%), Castilla y León (3,8%) y Navarra (3,2%) también superaron esa cifra, pero no estaban dentro de ningún mecanismo de financiación especial del Estado, por lo que no tenían obligación de respetar el mecanismo de sostenibilidad. Las otras dos CCAA exentas, País Vasco (0,3%) y La Rioja (-2,1%), igualmente se mantuvieron dentro de los datos marcados por Hacienda a pesar de estar fuera del control.
En 2018, con un límite en el 2,4 por ciento, lo incumplieron Andalucía (5,6%), Aragón (2,6%), Baleares (7,1%), Canarias (7,8%), Cantabria (4,6%), Castilla y León (4,7%), Castilla-La Mancha (4,1%), Cataluña (4,7%), Extremadura (2,7%), Galicia (5%), Murcia (3,1%), La Rioja (4,2%) y Comunidad Valenciana (5,1%). Solo Asturias (1,8%), que sí formaba parte del grupo de CCAA dentro de la financiación especial, y País Vasco (2,2%), respetaron los límites. Nuevamente, Madrid (4,7%) y Navarra (4,4%) se excedieron, pero no estaban obligadas a su cumplimiento.
A mayo de 2019, con un 2,7 por ciento de límite, todas las comunidades autónomas dentro de esta corrección, excepto Extremadura (2,3%), están ya por encima: Andalucía (3,3%), Aragón (4,1%), Asturias (3,0%), Baleares (7,1%), Canarias (5,6%), Cantabria (4,6%), Castilla-La Mancha (4,8%), Cataluña (7,0%), Galicia (3,0%), Murcia (3,5%), La Rioja (3,3%) y Comunidad Valenciana (4,8%). Castilla y León (2,3%), Madrid (5,7%), País Vasco (1,9%) y Navarra (3,6%) no están en el fondo de financiación en este año.