La familia británica estafada por una agencia inmobiliaria de Mallorca ha presentado una denuncia ante la policía, con el fin de recuperar los 3.074 euros que pagó por alquilar un chalet cerca de Palma, cuando en realidad se trataba de una vivienda habitada por el propietario de la misma, de nacionalidad alemana.
Angus y Sophia Kennedy, junto a sus cinco hijos, tenían previsto regresar este miércoles a Londres, pero al final tras encontrar una vivienda en Cala Rajada optaron por pasar allí sus vacaciones. Para ello, han tenido que desembolsar 2.000 euros por seis noches.
El director general de Turisme, Antoni Sansó, mostraba este miércoles su preocupación por lo sucedido: «Es una estafa y los han engañado, pero lo lamentable es que no se trata de un caso aislado este año. La policía tiene que actuar en consecuencia».
Sansó añadió que los servicios de Inspección de la Conselleria de Turisme, al ser puestos al corriente de lo sucedido, «iniciaron las pesquisas para averiguar si la agencia inmobiliaria Spain Dreams Villas, con sede en Palma, era legal o simplemente una tapadera para engañar a la gente».
El simple hecho de no aceptar tarjetas de crédito y obligar a realizar todas las transacciones de dinero por transferencia bancaria, «denota que no actuaban de buena fe, de ahí que este tipo de hechos tienen que erradicarse de raíz y que los turistas que utilizan esta vía de comercialización y reserva acudan a la página web de Turisme para comprobar si la agencia está registrada y la vivienda que alquilan cumple todos los requisitos de la normativa turística vigente».
La patronal ABTA, a través de sus servicios jurídicos, también investiga lo sucedido. ABTA ha pedido la colaboración de la policía británica especializada en fraudes turísticos.
Desde Turisme puntualizan que cualquier turista que quiera alquilar una vivienda vacacional en Mallorca «debe acudir al verificador de alquiler turístico, ya que es la forma más clara de saber si el contrato que le han presentado para pasar sus vacaciones en una vivienda es o no legal».
Turisme insiste en que los afectados tienen que utilizar todas las herramientas vigentes para presentar una reclamación por estafa, para lo cual remiten a la Direcció General de Consum que es la que tiene las competencias en esta materia y puede actuar de oficio.