«Este señor no miente, cuenta lo que sabe». El fiscal, Juan Carrau, da plena credibilidad al único testigo de cargo contra Jaume Matas en el ‘caso Turisme Jove'. El juicio quedó este viernes visto para sentencia con la petición de cinco años de prisión para el expresident encima de la mesa. El informe de la defensa fue duro contra el ministerio público: «En esta comunidad, durante años se ha retorcido la ley para conseguir condenas de determinadas personas», en referencia al acuerdo entre el ministerio público y el testigo, Juan Francisco Gálvez.
Tanto acusaciones como defensas están de acuerdo en que existió un delito: El Govern, a través del consorcio Turisme Jove, pagó 108.000 euros a través de facturas falsas al empresario y exconcejal del PP de Calvià, Jesús García Oeo. Esos hechos fueron ya a juicio en la parte principal del caso.
Gálvez y Oeo aceptaron condenas en ese momento tras un pacto con la Fiscalía. El enfrentamiento se centra en quién dio la orden de hacer esos pagos. El fiscal sostiene que fue Matas por la versión del exdirector general y por eliminación: «Era el único con capacidad de dar esa orden que conocía a García Oeo». De esta forma, descarta tanto a la exvicepresidenta, Rosa Estarás, como a la exconsellera, Rosa Puig.
También desestima que la idea fuera propia de Gálvez: «No obtuvo ningún beneficio para él». Carrau niega que el acuerdo por el que el exdirector general logró una rebaja de doce a tres años de cárcel dependiera de que disparara contra Matas.
Ese último es uno de los argumentos de la defensa para restar credibilidad a Gálvez. El abogado Josep Zaforteza insistió en la falta de pruebas contra Matas: «Jamás ha dicho que hubiera una orden directa del presidente». También criticó que el fiscal no incorporara estos hechos en el primero de los juicios como un atajo para buscar ahora la condena.