«A definitivas». El fiscal y la Abogacía de la Comunitat mantienen la petición de cinco años de cárcel para el expresident Jaume Matas en el juicio del ‘caso Turisme Jove'. Las acusaciones no reculan pese a la falta de concreción de los testigos. De los siete que han comparecido solo uno, el exdirector general, Juan Francisco Gálvez, apunta a Matas y lo hace en base a su «opinión».
El resto, o bien desmienten al testigo de cargo o han dicho no saber nada del asunto. Lo único claro es que el marido de una concejala del PP de Calvià, Jesús García Oeo cobró 108.000 euros mediante facturas falsas en una gestión que llevó a cabo Gálvez. Ambos fueron condenados por ello en el primer juicio. Lo que nadie aclara es de dónde salió la orden de abonar ese dinero como compensación a unos contratos que García Oeo había perdido y que reclamaba en los juzgados de lo Contencioso.
Entre los que comparecieron este jueves la más taxativa fue la exconsellera Rosa Puig. «Jamás, nunca jamás» contestó al ser preguntada por el fiscal si Gálvez le dijo algo del pago ilegal de 108.000 euros al marido de una concejala del PP de Calvià. Puig también dijo que el nombramiento de Gálvez no fue cosa de Matas: «La recomendación vino de parte de la vicepresidenta», entonces Rosa Estarás.
El barullo del día lo montaron García Oeo y el abogado que le representó, Demetrio Madrid. Ninguno quiso asumir la negociación que terminó en el cobro de los 108.000 euros. Según el beneficiario, Gálvez le llamó un día para comer y le explicó cómo cobraría. De Matas, señaló: «Jamás le he pedido nada, jamás». Su abogado aseguró no saber nada de las cantidades: «Fue un asunto que heredé de mi compañero de despacho y desaparecí de él. No se cómo se ejecutó el acuerdo». La secretaria general de Presidencia, Jane King, tampoco precisión quién dio la orden: pudo ser Matas, Estarás u otra persona.