La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la comunidad han mantenido este jueves su petición de una condena de 5 años de prisión para el expresidente Jaume Matas por haber ordenado presuntamente desviar 108.000 € para un empresario, que ha negado ante el tribunal haberle pedido ese dinero al mandatario.
En las conclusiones del juicio que se celebra en la Audiencia de Palma, donde Matas está acusado de malversación, prevaricación y falsedad, las dos acusaciones han mantenido su petición de condena y la defensa ha reclamado la absolución.
En esta pieza desgajada del caso de Turisme Jove, Matas es el único acusado por haber ordenado supuestamente que se beneficiara con fondos públicos a un empresario y exconcejal de Calvià en los 90 que se sentía perjudicado por el Govern por haberle sido retirada la gestión de los albergues juveniles y que presentó un contencioso-administrativo reclamando 120.000 euros.
Los servicios jurídicos del Govern le reconocieron el derecho a percibir 11.903 euros de indemnización, que cobró en un talón. El resto lo cobró del consorcio Turisme Jove presentando facturas falsas por servicios nunca prestados, ha relatado el propio empresario al tribunal.
Según el empresario, fue el exdirector general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, quien le llamó y concertó una comida con él para explicarle que cobraría de este modo. «Así lo hicimos. Cometí un gran error, lo he pagado y además reconociendo que nunca lo tenía que haber hecho», ha explicado ante el tribunal dicho empresario, que fue condenado en 2014 por estos hechos por la Audiencia de Palma.
En su declaración como testigo, ha negado haberle pedido a Matas que arreglara el conflicto: «Jamás al señor Matas le he solicitado nada, ni cuando ha sido ministro, ni presidente, ni nada».