«¿Alguien entendería que una enfermera hiciera una guardia de 24 horas en Son Espases, por ejemplo, y no cobrara?». En Baleares, en estos momentos, hay abogados del turno de oficio en esta situación, profesionales que «tienen la obligación de estar localizables durante 24 horas con el deber jurídico y legal de asistir a un detenido menor y no ven un céntimo por ello. En ciertos turnos nos encontramos así», explican los afectados, que ya llevan casi cinco meses sin cobrar.
A las puertas de los juzgados de sa Gerreria, en Palma, se han plantado este martes alrededor de una treintena de letrados para protestar por una situación que consideran «indigna» y para denunciar que se sienten «despreciados» por el Ministerio de Justicia, porque «de una manera burda, oscura y chapucera nos está retrasando los pagos», lamenta Miquel Quetglas Bover.
Justicia, de quienes dependen en Baleares al no estar transferidas las competencias, no les da explicaciones, ni en esta ocasión ni en los anteriores retrasos ocurridos en los últimos años. «Otras veces nos han puesto excusas, como echar las culpas al anterior ministro. Se olvidan que somos trabajadores públicos y que cumplimos una función muy importante para la Administración de Justicia». En estos momentos, la demora ha elevado la cuenta a más de 1,6 millones de euros y advierten de que realizarán paros si es necesario.
Este viernes, en Madrid, se celebrará un pleno del Consejo General de la Abogacía para decidir las acciones a tomar en todas las comunidades que dependen del ministerio por el incumplimiento de los pagos mensuales -anteriormente cobraban cada tres meses- y el impago de más de cuatro meses.
«Ya hay cierto hastío, porque nos aseguran desde el ministerio u otras instituciones que el pago se hará en una fecha determinada para luego hacer caso omiso y no dar explicación alguna», cuenta Enric Martí, quien recuerda que, «además, no podemos manifestarnos ni ejercer el derecho a huelga, algo que es inaudito en otros estados democráticos».
Paros parciales
Los abogados advierten de la necesidad de reconducir la situación, si el Gobierno no cumple pondrán en marcha paros parciales, dejarán de asistir vistas si no hay una causa con preso, que «entendemos que en esos casos sí es necesario», o minorarán sus servicios de guardia. «Nosotros luchamos por los derechos de los ciudadanos y también queremos que se cumplan nuestros derechos. No tenemos que olvidar que estamos ejerciendo una actividad pública, defendiendo el derecho constitucional del justiciable a ser amparado por una defensa letrada, es una responsabilidad pública y amparada por la Constitución española que tenemos que hacer cumplir, pero que cumplan también con nosotros.
Además de exigir cobrar los trabajos ya realizados, los alrededor 700 abogados de oficio de Baleares llevan tiempo reclamando una equiparación salarial con los letrados de otras comunidades autónomas con competencias en Justicia, como Cataluña, Andalucía o País Vasco. «En esas comunidades pueden perciben unas retribuciones un 70 u 80 por ciento más altas que en Baleares», apunta Miquel Quetglas Bover.