El Parlament balear ha aprobado este martes la normativa en Baleares que fija las condiciones de funcionamiento de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y establece que sus servicios estarán siempre condicionados a una contratación previa, que se fija en un mínimo de 30 minutos.
Además, se incluye la posibilidad de que los ayuntamientos y los consells insulars puedan reducir este tiempo de contratación previa a 15 minutos.
La nueva normativa ha contado con el apoyo de todos los partidos políticos, salvo los dos diputados de Ciudadanos (Cs), que han votado en contra.
El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha destacado este martes que el decreto ley validado por el Parlament establece un «modelo propio» para Baleares, ha calificado de «básico» que el sector del taxi «avance» en la calidad y ha dicho que el VTC ofrece en las islas un nuevo servicio a los ciudadanos.
Pons ha resaltado el acuerdo logrado en Baleares entre los sectores afectados para sacar adelante esta nueva normativa y ha concretado que por cada 13 licencias de taxi en Baleares habrá una de VTC.
En la regulación se establece también que los conductores de VTC no podrán circular por las vías públicas en busca de clientes, ni propiciar la captación de viajeros que no hayan contratado previamente el servicio.
Los VTC deberán llevar la documentación acreditativa de la contratación y, si esta ha sido telemática, también habrá que acreditar la contratación a través de la aplicación o documento digital correspondiente. Queda también prohibida la captación de clientes fuera de las oficinas o de los locales de la empresa.
En la regulación, en aplicación del real decreto estatal aprobado el mes de septiembre del año pasado, se establece que los VTC autorizados actualmente pueden seguir operando hasta el año 2023 como servicio urbano e interurbano, en las condiciones que ahora se fijan.
A partir de esta fecha, los ayuntamientos podrán establecer una normativa propia para la actividad de los vehículos de alquiler con conductor y, de no hacerlo, regirá lo que queda establecido en la norma recién aprobada.
El decreto ley determina también que las empresas que quieran hacer mediación y comercialización de los servicios de transporte con vehículos de hasta 9 plazas (se incluyen taxis y VTC) deberán tener autorización como empresas de transportes.
El conseller ha defendido que un modelo de «ultraliberalización» del transporte público «no es un modelo adecuado para las Islas Baleares».
También ha resaltado el acuerdo entre el sector del taxi y de VTC para que durante verano, cuando existe un exceso de demanda, se autorice unas 50 VTC adicionales. «Somos un destino turístico y es fundamental dar un buen servicio», ha defendido Pons.
El portavoz de Cs, Xavier Pericay, ha criticado que esta iniciativa haya sido tramitada como decreto ley, sin que existiera urgencia para ello, y no como un proyecto de ley. «Esto no son maneras», ha dicho.
Además, «tenemos indicios» de que el decreto ley contiene artículos inconstitucionales que van contra la libertad de empresa y contra el libre movimiento dentro del Estado español, ha señalado Pericay.