La Guardia Civil quiere rastrear el dinero de las estafas a hoteleros mallorquines con falsas intoxicaciones alimentarias. El fraude, que arreció sobre todo en 2016 y 2017, provocó pérdidas millonarias a las empresas y se cortó en seco tras la operación de la Guardia Civil que llevó a la detención de la supuesta responsable de una de las organizaciones que captaban turistas para que interpusieran las reclamaciones falsas.
Ahora, la policía judicial ha vuelto a pedir a la magistrada que instruye el caso, en el que la principal investigada es Laura Cameron, una comisión rogatoria en el Reino Unido. Los agentes quieren rastrear una serie de cuentas corrientes.
Por el momento, la magistrada al frente de las actuaciones ha decidido dejar sobre la mesa esta comisión rogatoria. Ante el posible retraso que causaría en las actuaciones ha dado luz verde a la Guardia Civil para que lleve a cabo averiguaciones sobre una serie de cuentas corrientes en España. Los titulares son varios ciudadanos británicos vinculados con las investigaciones.
La investigación ya detectó varios pagos de despachos británicos de abogados y de empresas dedicadas a las reclamaciones falsas a los principales investigados.
En un disco duro, los agentes localizaron documentos que demuestran los cobros de la empresa en Mallorca Elite Project Marketing, de al menos dos despachos del Reino Unido, HH Law Limited y UK Holiday Claim Limited.
Estos dos despachos son algunos de los que formalizaban las demandas contra los hoteleros. Laura Cameron, la principal investigada, ha defendido que su actuación se limitó a vender datos de turistas británicos a empresas de su país. Siempre ha negado que se aleccionara desde su empresa a los turistas y se les dijera que podían conseguir ‘vacaciones gratis' con una falsa denuncia.
Según qué información aporten las investigaciones en España, la magistrada valorará si accede a la petición de una comisión rogatoria o considera innecesaria la diligencia.