La gran novedad del REB a dos velocidades –el Gobierno central aprobará un Real Decreto Ley que entrará en vigor cuando se publique en la BOE y un anteproyecto de Ley que incluirá medidas fiscales pero que no enviará a las Cortes– es que blinda la financiación del cable eléctrico entre la Península y Balears y la construcción de otros dos entre Islas. El Govern calcula que eso supondrá unos 1.600 millones aunque no se recogerá en la normativa que este viernes se aprobará en el Consejo de Ministros.
En realidad no hay ninguna referencia económica en el Real Decreto que incluye todo lo que no tienen que ver con medidas fiscales. Este decreto, que luego tendrá que validar la Diputación Permanente del Congreso, establece el descuento del 75 por ciento para los pasajeros, los descuentos al transporte de mercancías y las inversiones del fondo de insularidad, así como las fórmulas de cálculo y el modo en que Balears podrá equipararse a la media nacional.
La presidenta del Govern reunió este jueves a representantes de los partidos políticos y del mundo empresarial y sindical para avanzarles las líneas maestras de lo que aprobará el Gobierno central. Aunque la reunión, que se prolongó durante poco menos de dos horas, fue a puerta cerrada concluyó con un aplauso.
La presidenta agradeció el apoyo de la «sociedad civil» y explicó que se había llegado al máximo que se podía llegar en esta situación de interinidad política ante la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril. Recién terminada la reunión, y a la espera de una rueda de prensa que se celebrará este viernes, la portavoz parlamentaria adjunta del PP, Margalida Prohens, aseguró que «leeremos la letra pequeña pero, contrariamente a lo que hizo Francina Armengol, sí daremos apoyo al decreto y no pediremos su retirada». En cualquier caso, consideró que queda «lejos» de lo que ya se había conseguido con el ministro Montoro. Para Jaume Font (PI), «es un paso pero todavía queda mucho por hacer» y «lo importante es que ahora ya no puede haber vuelta atrás».
La secretaria general de Podemos, Mae de la Concha,ha subrayado que es «emocionante» ver que «cuando todos nos ponemos a una se consiguen objetivos».
«Queremos ir más lejos, pero tenemos que ir todos juntos», añadió. También la vicepresidenta Bel Busquets (Més), abundó más en la necesidad de «avanzar más» pero destacó la importancia de tener «un instrumento» que ate inversiones en el futuro.
Més había advertido de la gravedad que supondría llegar al final de la legislatura sin un texto concreto sobre el REB. El día anterior. Este partido hablo de aceptar un REB «de mínimos», aunque –oficialmente– no se reconoce así.
La presidenta Armengol, que recordó la relevancia del momento, se mostró convencida de que la parte fiscal será aprobada por el próximo ejecutivo del Estado y las nuevas Cortes porque todos los partidos de Balears «están de acuerdo en esta mejora para la sociedad balear».
La presidenta indicó que la fiscalidad debe tramitarse mediante el anteproyecto de ley porque si se aprobara mediante la figura de un decreto ley, «el Tribunal Constitucional lo tumbaría». Según la presidenta, «el compromiso es tan importante que, aunque gobierne la derecha en España, la parte fiscal también se aprobará».
Lo que se aprobará este viernes en la reunión semanal de La Moncloa es un fondo, o «factor» de insularidad que fija el mecanismo para financiar inversiones; la equiparación con Canarias a la hora de recibir subvenciones al transporte y un compromiso: exigir a Bruselas que excluya a Baleares de una regla de la UE que permitirá subvenciones a empresas cada tres años.
La presidenta, igual que la consellera Cladera, también destacaron el blindaje de las obras vinculadas con el modelo energético, es decir las obras del cable.
El Govern no facilitó el texto argumentando que se dará a conocer este viernes tras la celebración del Consejo de Ministros.