El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto de medidas extraordinarias que amplía las ayudas para paliar los daños de las inundaciones en el Llevant y el norte de Mallorca en octubre del año pasado, que suman 21,7 millones para reparar o restituir infraestructuras.
Las ayudas son por la mitad del coste de los proyectos de reparación que presentaron las localidades afectadas, además 1,6 millones para restaurar el dominio público marítimo-terrestre afectado.
Las ayudas serán para los municipios en los que el Gobierno declaró zona catastrófica por la torrentada del Llevant del 9 de octubre, que fueron Sant Llorenç des Cardassar, Artà, Capdepera, Son Servera y Manacor y también para los de una segunda declaración posterior en el norte de la isla que son Pollença, Alcúdia y sa Pobla.
Las ayudas directas a municipios afectados para reparar infraestructuras públicas cubren hasta el 50 % de los proyectos de reparación, restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones públicas de los municipios y del Consell de Mallorca, que han presentado proyectos por valor de 40,3 millones, ha explicado la delegada del Gobierno, Rosario Sánchez en una rueda de prensa.
Las cuantías más elevadas irán al Consell de Mallorca (11,2 millones) a Sant Llorenç (6,8 millones), Artà (692.029 euros), Manacor(673.365) y Capdepera (450.362).
Se añaden 1,6 millones para reparación del dominio público marítimo-terrestre, además del cien por cien del coste de las actuaciones del momento de la emergencia para restablecer la seguridad de los ciudadanos y los servicios públicos.
El decreto aprobado también complementa las ayudas previstas en otro decreto para que los damnificados (ya sean personas, empresas o administraciones) accedan a beneficios fiscales, medidas laborales y en materia de Seguridad Social, como exenciones en el IBI y reducciones del IAE y las tasa de tráfico.
No se ha cuantificado a cuánto pueden ascender esas otras ayudas que también contemplan una compensación por parte del estado de los tributos locales, como consecuencia de que los municipios ingresarán menos por esos beneficios fiscales y se verán compensados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Entre las medidas laborales que también contemplaba ese decreto inicial, se exonera a los empresarios de abonar las cuotas de Seguridad Social mientras tengan contratos suspendidos y se mantiene ese período como cotizado; fija una moratoria de pago de cotizaciones de la Seguridd social, y que la prestación por desempleo derivada de la catástrofe no computará como percepción.
El decreto de hoy otorga un nuevo plazo de dos meses para solicitar las ayudas para daños personales, en vivienda y empresas e industrias, una vez finalizado el del anterior decreto, al igual que ha acordado también este viernes el Govern balear con la fecha límite para pedir las ayudas autonómicas.
Por otra parte, el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha abonado hasta este viernes 9.520.144 euros, de los 14,9 millones que han declarado los damnificados, derivados de un 79,4 % de expedientes que ya se han tramitado de los 1.900 siniestros declarados por la catástrofe en viviendas, vehículos, comercios, oficinas e instalaciones industriales.
El grueso, unos 5,3 millones corresponden a comunidades de propietarios; unos 3 millones a vehículos y alrededor de 867.000 a negocios. Solo los ciudadanos de Sant Llorenç ya han recibido 6,5 millones, ha detallado el secretario general de la Delegación, Ramon Morey.