El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado un auto en el que inicia el trámite para llevar a juicio la gestión de Sa Nostra y los préstamos concedidos al promotor inmobiliario Martín Gual. El magistrado concluye en un auto la existencia de indicios suficientes para que respondan ante un tribunal de delitos de apropiación indebida y administración desleal los exdirectores generales de la entidad, Pere Batle y Pau Dols, además del subdirector, Rafael Gerardo Oliver, el propio Martín Gual y el apoderado de su grupo empresarial, Javier Collado García.
En el mismo auto, el instructor da un plazo de diez días a la Fiscalía para que formule escrito de calificación. La resolución notificada este lunes sigue a un escrito previo del ministerio público en el que solicitaba que continuaran las actuaciones contra estas cinco personas y que se archivaran para el resto de los miembros del consejo.
Así, el mismo auto acuerda el archivo libre para el portavoz del PSIB, Andreu Alcover, y para Joan Roig Sastre, ya que entiende que no participaron en los hechos investigados. Para el resto de ex altos cargos investigados también se acuerda el sobreseimiento, pero provisional. Se trata de Antonio Borrás, Francisca Bennasar, Francisco Javier Crespí, Gabriel le Senne, María Antonia García, Joan Sampol, José Luis Roses, José Marí Juan, María Dulce Fuster, Margalida Barceló, Margalida Estarelles, Margalida Llinás, Margalida Roig, Miquel María Deyá, Laura Ventayol, Gabriel Coll, José María Navarro, Fernando Alzamora y Antonio Cantallops.
El magistrado entiende que las operaciones de financiación que llevó a cabo la filial inmobiliaria de sa Nostra, Invernostra, con el grupo Martín Gual se produjeron «con omisión de deberes elementales de gestión». Por lo tanto, Pedraz concluye que se generó «un perjuicio patrimonial y se permitió que se produjera un desvío de partes de los fondos a fines ajenos a los compromisos asumidos por las entidades del grupo Martín Gual con la caja de ahorros».
El auto insiste que los investigados actuaron «con conocimiento de su ilícito actuar» y que tenían «capacidad decisoria» en las operaciones que sirvieron para financiar la compra fincas como Son Bordoy, Son Morlá y Son Morlanet por la constructora.