Habrá juicio por la muerte del inmigrante Alpha Pam. La Audiencia Provincial ha aceptado un recurso de la familia del joven y ha revocado el sobreseimiento del caso ordenado por un juzgado de Instrucción de Inca. Cinco años después de los hechos, el tribunal señala que «existen varios indicios concomitantes y plurales» de una posible imprudencia en el mal diagnóstico que recibió la víctima que murió por una tuberculosis.
La Audiencia señala que el 5 de abril de 2013, Pam acudió al hospital de Inca con la hoja de derivación que le había expedido una médico en Can Picafort y en la que constaba, «como orientación diagnóstica posible contacto con tbc» (tuberculosis). Sin embargo no fue tratado por esta enfermedad y se le dejó volver a casa. Su estado se agravó en los días siguientes y terminó con su fallecimiento. En ese momento los inmigrantes sin documentos no tenían derecho a atención sanitaria salvo en emergencias, por lo que este caso provocó una notable polémica política.
El tribunal de la Sección Segunda valora que de las diligencias que se han llevado a cabo en la instrucción del caso «no cabe descartar que la doctora y el enfermero de triaje hubieran incurrido en una imprudencia profesional».
La causa ya fue archivada en una primera ocasión en el año 2015 y la Audiencia ordenó entonces su reapertura. Desde que eso ocurrió la instrucción se completó con un informe forense, registrado el año pasado. Para el tribunal esta pericial no permite descartar por completo la existencia de un delito y, por lo tanto manda que se continúen los trámites para juicio, esto es, que se de trámite a las partes para que presenten escrito de conclusiones.
Sólo con que la acusación particular actúe la apertura de juicio oral será automática.
El tribunal señala que el caso necesita un «debate serio, extenso, detallado y profundo» y que este debe producirse en un juicio. Por ese motivo acepta el recurso.
Tanto la Fiscalía como el Ib-Salut y la compañía de seguros apoyaban el archivo de la causa. El juzgado de Inca descartaba una responsabilidad penal y forzaba a los familiares del joven fallecido a acudir a la vía civil para reclamar por una posible responsabilidad de la administración en el fallecimiento. A partir de ahora, la juez de Inca tendrá abrir los trámites para juicio.