El pasado mes de septiembre, la ministra de Educación, Isabel Celáa, anunció que estudiaría prohibir los móviles en las aulas, siguiendo la estela de países como Francia, que ya han aplicado esta medida. Una de las justificaciones para activar la disposición es que gran parte de la generación actual de jóvenes sufre una importante adicción a la tecnología.
La propuesta ha generado un intenso debate en la comunidad educativa. Muchos agentes del sector piensan que es un tema que hay que regular, pero otros consideran que puede suponer un atraso en los métodos de enseñanza.
El conseller de Educació, Martí March, rechazó la propuesta del Ministerio de Educación y abogó por dejar autonomía a cada centro para que regule el uso de los teléfonos móviles según sus necesidades.
El director general de Innovació y Comunitat Educativa del Govern, Jaume Ribas, explicó a este diario que «prácticamente todos los centros tienen regulado en qué contextos se pueden utilizar los dispositivos móviles, y sobre todo para qué usos». Ribas apuntó que Educació no es partidaria de la prohibición porque «tenemos constancia de que hay profesores que utilizan los teléfonos móviles como una herramienta pedagógica más, tanto a nivel de contenidos de las asignaturas como para educar a los alumnos a hacer un uso responsable de los dispositivos».
Gemma Cardona, presidenta de Escola Catòlica de les Illes Balears, asociación que aglutina a 78 colegios de todas las Islas, comentó que «en Escola Catòlica no tenemos una pauta regulada, cada centro tiene su realidad y algunos optan por prohibirlo, otros recomiendan que ni siquiera se lleve al centro, mientras que otros los utilizan como material escolar».
Esta disparidad de normativas dentro de una misma asociación responde a las necesidades diferentes de cada centro: algunos tienen ordenadores y tabletas en las aulas, con lo que no necesitan portarlo, pero otros necesitan utilizarlo para incluir las nuevas tecnologías.
Cardona destaca también que «hay alumnos que tienen el móvil demasiado pronto, y esto puede llevar a un mal uso ya que no saben como hacerlo bien».
Opiniones
El presidente de la Junta de Personal Docente no Universitario y presidente del sindicato de la enseñanza STEI, Cosme Orell, explica que «en principio no vemos ningún inconveniente en que se haga una ley para regularlo, pero de momento no nos ha llegado ningún borrador, por lo que no podemos pronunciarlos con conocimiento de causa». Dicho esto, Orell asegura que «estamos inmersos en un periodo de transición entre el material didáctico tradicional y el digital, y los usos que se le pueden dar son complicados de controlar, y más en unas aulas con los ratios de alumnado tan elevados».
Por su parte Joan Ramón Xamena, presidente de la Asociación de Directores de Secundaria, aseguró que no conocía «la postura de todo el mundo», y que en el IES Porreres, centro del que es director, «el móvil está prohibido para todo aquello que no sea un uso educativo». Explicó que si hay profesores que lo necesitan, se permite, pero que en otro caso se requisaría.
Para aquellos profesores que utilizan la tecnología en sus clases de manera asidua, la prohibición sería un error. Es el caso de Josep R. Cerdà, profesor del IES Juníper Serra conocido por sus proyectos tecnológicos en el aula. Asegura que «la utilización de dispositivos móviles es una gran oportunidad, tienen un potencial educativo muy grande». Para hacer todo esto posible, Cerdà reivindica la formación del profesorado y que «haya pedagogía con las familias para enseñar el buen uso del móvil. Es verdad que también hay riesgos, pero no desaparecerán por prohibirlo».