No habrá foto de los 82 controladores acusados de sedición por el caos aéreo de 2010 para impedir que se produzca otra situación similar. La Audiencia Provincial ha dictado una providencia a petición de la Abogacía del Estado que fija turnos para que los acusados comparezcan de forma escalonada en el juicio, que arrancará el próximo ocho de octubre.
De esta forma se pretende garantizar la continuidad del servicio y evitar problemas en el tráfico aéreo. La duración de las sesiones podía provocar problemas de funcionamiento en todo el espacio aéreo de Balears ya que hay acusados controladores de las tres torres. Además hay previstas 17 sesiones diferentes del juicio.
Por el momento, la previsión del tribunal abarca a las sesiones de cuatro días, del ocho al once de octubre. En cada uno de estos días tendrán que comparecer 18 de los acusados para ser interrogados. En la mayoría de los casos serán declaraciones cortas. El guión previsto es que los controladores rechacen contestar a la fiscal del caso y que sólo lo hagan a sus defensas para admitir los hechos. La discusión posterior sería si lo ocurrido encaja en el delito de sedición, un tipo específico del Código de Navegación Aérea por el que la Fiscalía les reclama cuatros años de cárcel, o uno más leve de abandono del puesto de trabajo. Esto es así para 75 de los encausados que aspiran a beneficiarse del supuesto dinero que su sindicato, USCA, ha consignado para hacer frente a las indemnizaciones y lograr así una ventaja procesal.
Otra cuestión distinta es el grupo de siete irreductibles que rechazan cualquier tipo de concesión y que niegan que abandonaran su puesto durante el puente de la Constitución de 2010. Justifican su ausencia en bajas laborales previas o, simplemente, en que no era su turno en ese momento. Este grupo es en parte el que ha impedido un acuerdo global con la Fiscalía ya que el ministerio público marcaba como una de las condiciones que fuera un pacto compartido por los 82 encausados. Sin embargo tampoco puede desecharse la opción de que esas conversaciones se retomen de aquí al ocho de octubre y desemboquen en un posible acuerdo entre todas las partes.
La empresa pública ocupada del control aéreo, Enaire, considera suficiente la medida tomada por la Audiencia para garantizar que el control del espacio aéreo funcione de forma correcta y que no se produzcan problemas durante la celebración de la vista. De hecho, la sociedad no ha tomado más medidas adicionales que ésta.
Los 82 controladores serán juzgados por la huelga que pusieron en marcha en el año 2010 durante un duro enfrentamiento con el ministerio. En pleno puente de diciembre comenzaron a abandonar sus puestos con el argumento de una enfermedad en toda España. Los hechos desembocaron en el cierre total del espacio aéreo por parte del Gobierno y sólo han acabado en juicios en Balears y Madrid. El resto de causas se archivaron.