El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha citado para el próximo 19 de septiembre a partir de las 10.00 de la mañana a siete personas investigadas en la causa de las presuntas estafas a hoteles.
Entre estas personas hay citados dos hermanos de la empresaria británica Laura Cameron, la principal imputada.
La empresaria investigada por el presunto fraude de las falsas intoxicaciones alimentarias negó durante una comparecencia el pasado mayo ante la jueza que instruye la causa haber inducido a turistas a reclamar.
Explicó que se dedicó durante varios meses a recabar los nombres y números de teléfono de turistas, una información que le compraban empresas de marketing de su país de origen, pero negó cualquier relación con la presunta estafa e insistió en que le pagaban por cada persona de la que recababa datos, no por intoxicaciones.
La empresaria británica admitió que una parte de esos datos los remitía a un despacho de abogados por si a los turistas sufrían alguna incidencia, pero negó que les preguntaran si habían enfermado o tenían algún problema.
Las acusaciones consideran que el fraude consistía en la presentación de reclamaciones por falsas intoxicaciones alimentarias por parte de turistas británicos a quienes solo se les pedía para probarlo el recibo de algún fármaco antidiarreico comprado durante su estancia en Mallorca, con el que exigían la devolución de todo el coste de su viaje a los hoteleros a través de sus turoperadores.
En la causa se investiga un complejo entramado de empresas que pueden tener relación con ese fraude al inducir las denuncias.
En septiembre de 2017, la Guardia Civil detuvo a 7 personas en relación con esta presunta estafa y realizó 8 registros en Calvià y Palma.
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca estima que el fraude por falsas intoxicaciones alimentarias puede alcanzar los 50 millones de euros en la isla.
En 2015, hubo 160 turistas británicos que interpusieron demandas por haber enfermado supuestamente debido a comida en mal estado durante sus vacaciones en Mallorca y exigieron un total 3 millones de libras como compensación y en 2016 las reclamaciones alcanzaban los 8 millones de libras, según datos de la Delegación del Gobierno en Baleares de 2017. Interior identificó a 800 turistas que reclamaron a través de 77 despachos de abogados.