El ‘caso Marivent' se resolverá con un acuerdo y penas de año y siete meses de cárcel para los dos acusados de estafar 650.336,53 euros al Govern con la limpieza de Marivent.
La causa, abierta tras una querella de Anticorrupción en 2012, ha acumulado un enorme retraso desde que la instructora cerró la investigación hace tres años y por ese motivo se reconoce a los encausados un atenuante muy cualificado de dilaciones indebidas.
La empresa Lireba era la adjudicataria de la limpieza del complejo de Marivent entre los años 2007 y 2011 tras ganar dos concursos convocados por el Govern.
El contrato imponía la obligación de enviar cada día a siete trabajadores para limpiar la residencia de verano de los reyes. Sin embargo, la empresa sólo mandaba a tres y facturaba por la prestación del servicio de forma completa. Así, a lo largo de la duración del contrato, la mercantil recibió más de medio millón de euros por los empleados fantasmas.
El juicio se celebrará a finales de año y en el banquillo se sentarán Dolores Polo y Jordi Jové, dos administradores de la empresa. La propia Lireba también está acusada si bien ya ha abonado de forma íntegra las cantidades defraudadas, salvo 14.000 euros que los pagaron los encausados. Por ese motivo suman otro atenuante de reparación del daño.
Así, la causa ha llegado al juzgado ya conformada entre acusaciones y defensas. La Fiscalía, la Abogacía de la Comunitat y los abogados han acordado penas de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa. Estas condenas se sustituirán por una multa de 26.400 euros.
Políticos exculpados
La denuncia inicial de la Fiscalía incluía al exconseller de Presidencia, Albert Moragues, de cuyo departamento dependía el contrato de limpieza. Estuvo imputado durante la tramitación de la causa ya que se sospechaba inicialmente que la administración era conocedora del fraude y lo toleraba. Sin embargo, durante la instrucción, se constató que la empresa actuaba de espaldas al Govern que confió en las facturas que se le enviaron. Así sólo se continuaron las actuaciones respecto a los responsables de la sociedad.
El fraude se descubrió cuando, en el año 2011, la Consellería comenzó a reclamar a la empresa que presentara justificantes que demostraran cómo se llevaba a cabo el servicio. Lireba no lo hizo. En paralelo, el Govern reclamó la devolución del dinero tras realizar una revisión del contrato y declarar su lesividad. Ese expediente desembocó en un procedimiento contencioso en el que Lireba ya fue condenada a abonar alrededor de 300.000 euros.