El director de la Oficina de prevención y lucha contra la Corrupción de Balears, el inspector de Hacienda Jaume Far (Palma, 1971) lleva medio año –asumió el cargo en enero– ocupando un diminuto despacho del Parlament balear al que se accede por una escalera interior de la Cámara que conduce a una zona administrativa de la tercera planta. No tiene ayudantes, ningún servicio del Parlament le puede avalar formalmente y si necesita algo, tiene que buscarlo él. Incluso un lugar donde fijar la sede. Él negocia, incluso, posibles precios para el alquiler.
Jaume Far es, a la vez, el jefe de la Oficina Anticorrupción y la oficina misma. Va y viene con un ordenador portátil y ha tenido que recurrir a un graduado social para que «diera de alta» a la oficina pues una laguna legal en la ley de creación ha provocado una situación inédita. Si no ocurre nada extraordinario de aquí al martes 24, ese día el pleno extraordinario de la Cámara aprobará una ley de salud laborar que incluirá una enmienda que dará la Oficina Anticorrupción «personalidad jurídica propia», que fue el concepto que no se introdujo cuando la ley se aprobó. Pero no se habrán resuelto todos los problemas.
La oficina tiene que aprobar su reglamento y ningún partido apoya la propuesta que presentó Jaume Far. Además, diferentes organismos, desde el Consell Consultiu a la Sindicatura de Cuentas, pasando por el departamento de Intervención de Hisenda han alegado en contra.
«Un año, que me dejen un año para que se vaya viendo lo que podemos hacer, no estoy pensando en dimitir pero si pasado un año no consigo presupuesto y medios, entonces me plantearé qué hago», ha explicado a a este periódico. Y añade que «no, no me arrepiento de haber aceptado el cargo».
El ‘caso Contratos'
La Oficina Anticorrupción arrancó en enero con recelos de la Fiscalía y de la Sindicatura de Cuentas. Ningún representante de la Fiscalía acudió a la toma de posesión de Far. Tanto la Fiscalía como la Sindicatura de Cuentas consideraron que las competencias de la nueva oficina podían interferir en su labor.
«Eso no es cierto –dice Far–, la Fiscalía está para investigar delitos, la Oficina para vigilar supuestos de malas prácticas que den lugar al fraude o corrupción». Y añade que es cierto que la Sindicatura de Cuentas ejerce funciones de control pero que no ha llegado a detectar lo que, en su opinión, es el inicio de cualquier atisbo de corrupción, la existencia de conflictos de intereses a la hora de contratar.
«Los controles de la Sindicatura no han servido para prevenir algunos casos», asegura. Algo en lo que está trabajando ahora es en la aplicación de un instrumento informático, a modo de alarma que permita cruzar datos y detectar cualquier conflicto de intereses, «que es el germen de la corrupción» a la hora de contratar. Eso es lo que faltó en el ‘caso Contratos'», opina.