La presión sobre el suelo rústico llegó el año pasado a niveles equivalentes a los de la época del boom inmobiliario, con 501 autorizaciones frente a las 215 otorgadas un año antes. Son datos provisionales de Departament de Territori del Consell, que está a punto de finalizar la memoria de actuaciones del año pasado y de la que ya se conoce este primer adelanto.
Hay que remontarse a los años 2001 y 2002 para encontrar cifras similares a las del año pasado, con más de 500 autorizaciones anuales en esos dos ejercicios. En estos 22 años, solo se ha superado esa barrera en cuatro ocasiones y coincide con cambios en la legislación.
En 1996 se concedieron 800 permisos porque el Consell anunció que la parcela mínima para construir pasaría de 7.000 a 14.000 metros cuadrados y los propietarios de terrenos de menos de 14.000 metros presentaron una avalancha de solicitudes para poder construir antes de que entrara en vigor la nueva legislación.
Otra punta se produjo en el año 1999 porque el programa que pactó el primer Pacte de Progrés incluía elevar la parcela mínima de 14.000 a 21.000 metros. Ese año se presentaron 1.289 solicitudes que se resolvieron un año después con 810 autorizaciones.
Aquella ampliación nunca llegó a hacerse, pero durante esta legislatura han vuelto a aparecer informaciones sobre la intención del Consell de aumentar la parcela mínima, noticias siempre desmentidas por los responsables de Territori de la institución. El conseller del PI Antoni Pastor acusó recientemente al president del Consell, Miquel Ensenyat, de haber incentivado la construcción en rústico con informaciones ambiguas.
Detrás de ese nuevo boom de la construcción en suelo rústico está la mejora de la situación económica, que ha reactivado el mercado inmobiliario, pero sobre todo la expectativa de negocio del alquiler de viviendas a los turistas, según coinciden los expertos y la propia consellera de Territori del Consell, Mercedes Garrido.
Mercedes Garrido trabaja en una modificación del Plan Territorial de Mallorca para tratar de adoptar medidas proteccionistas en suelo rústico, pero la ampliación de la parcela mínima está descartada, al menos de momento.