La jueza decana de Palma, Sonia Vidal, ha reiterado este jueves durante el parón de jueces y fiscales que ha tenido lugar en los Juzgados de Avenida Alemania, que si el Ministerio no les atiende las protestas culminarán con una huelga prevista para el 22 de mayo.
Ante los medios de comunicación, Vidal ha explicado que el parón de este jueves y el que tendrá lugar este viernes en Madrid están enmarcados en el calendario pactado después de «mucho tiempo de negociaciones» con el Gobierno central en el que «no se ha llegado a ningún lugar».
Cabe resaltar que jueces y fiscales de Baleares se han concentrado este jueves en los distintos partidos judiciales de las Islas para reivindicar que se garantice la independencia judicial, la mejora de sus condiciones laborales y la organización de la plantilla, entre otros asuntos.
Entre sus reivindicaciones, se encuentran varias encaminadas a garantizar la independencia judicial y por ello las asociaciones convocantes plantean una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la retirada de enmiendas a la misma «que coartan el ejercicio de la función judicial» y la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos. También recalcan que el CGPJ «debe amparar de modo efectivo» a los jueces «de cualquier ataque que afecte a su independencia».
Las concentraciones tienen carácter estatal y en ellas participan distintas asociaciones como Jueces y Juezas por la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación de Fiscales, entre otras.
En lo que respecta a las condiciones profesionales, los concentrados piden entre otras medidas recuperar el nivel salarial «perdido en 2010» y adecuar las retribuciones; modificar la ley en lo relativo a permisos y medidas de conciliación; recuperar el régimen de vacaciones y permisos; e implantar cargas máximas de trabajo.
Asimismo, advierten de que los juzgados «no están preparados» para asumir nuevas tecnologías como el expediente digital y que «se están produciendo muchos defectos». Por ello, piden un proceso de digitalización «adecuado» o incluso paralizar la implantación de la Justicia digital mientras no se garantice su correcto funcionamiento.
Otras reivindicaciones son la dotación suficiente de medios personales y materiales, convocando al menos 300 plazas de jueces y fiscales anualmente los próximos cuatro años para equiparar la plantilla a la media europea por habitante; modernizar los edificios; o un plan de inversión «suficiente y prolongado», entre otras reclamaciones.