La regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, reconoció este viernes que «visto con perspectiva, con lo que ha pasado» la planificación prevista para el desalojo de las 45 familias que deben abandonar Son Banya no era la adecuada, «pero en aquel momento no se vio así», añadió, porque «nosotros hemos actuado siempre con responsabilidad». Tras el aplazamiento aceptado por los juzgados de la ejecución de las órdenes de desahucio, prevista para los días 17 y 18 de abril, la edil no pudo concretar este viernes cuándo comenzarán las labores de desalojo y las obras de demolición. Pero sí quiso dejar claro que «solo hablamos de tiempo» y reiteró el «compromiso» del Ajuntament para desmantelar el poblado antes del 31 de diciembre de 2020.
Explicó que las razones para pedir el aplazamiento han sido dos, por un lado la necesidad de garantizar la seguridad de las familias y los funcionarios, y para ello se pedirá realizar los desalojos de forma paulatina, a razón de cuatro por día. El segundo motivo «es que nos han faltado días para tener contratada la empresa que derribará las viviendas que se vacíen». Aquí, Borràs expuso que «teníamos un plan B para inutilizar las barracas si no estaba lista la empresa de derribo, para que no volvieran a ser ocupadas, pero se vio que era demasiado trabajo en dos días».
En cuanto a la seguridad, Borràs narró que en la primera reunión de la comisión técnica creada para este proceso la Policía señaló que era mejor realizar los desalojos de forma escalonada para garantizar la seguridad, «pero los juzgados entendieron que concentrar el trabajo en dos días era más efectivo», porque así en una semana la situación estaría resuelta, «y por eso nosotros respetuosos con la decisión del juzgado intentamos trabajar y buscar soluciones», dijo la edil. Finalmente, añadió, «en la reunión de la comisión del pasado miércoles al ver que tampoco estaba adjudicada la demolición de las viviendas y tratamiento de residuos se valoró la conveniencia de hacerlo escalonadamente, lo cual se trasladó al juzgado que ha entendido nuestra reflexión».
Ahora, informó, el juzgado ha de volver a enviar notificaciones de desahucio a las familias afectadas y el Consistorio trabajará en una nueva propuesta de inicio y una calendarización que el juzgado deberá aceptar. «Los desalojos –aseveró la responsable de Més– comenzarán inmediatamente que tengamos la empresa que ha llevar a cabo los derribos de las viviendas».
Según expuso, el retraso en la adjudicación de estos trabajos se ha debido a que la empresa que quedó en primer lugar en el concurso había presentado una baja temeraria, con un precio muy por debajo del inicial que era de 495.000 euros, «y ayer mismo se solicitó a la empresa una justificación, para lo que tienen diez días hábiles». Si la argumentación es aceptada se le adjudicará el proyecto, de lo contrario se deberá pasar a la empresa que quedó en segundo lugar, lo que retrasará aún más el proceso.