El Gobierno alerta de que tres artículos clave de los Presupuestos de Baleares de este año presentan indicios serios de ilegalidad. Son los referidos a la subida de la ecotasa para los cruceros, la puesta en marcha de la carrera profesional y el derecho a la sanidad universal para los residentes en las Islas, incluidos los inmigrantes sin papeles.
El Gobierno envió la semana pasada una nota al Ejecutivo de Francina Armengol en la que asegura que, del análisis de los Presupuestos de este año, estas tres disposiciones resultan «controvertidas». Esta expresión lo que en realidad significa es que el Gobierno considera que incumplen normas superiores, es decir, leyes estatales o normativa comunitaria. A partir de esta discrepancia, el Gobierno urge al Ejecutivo balear a abrir un proceso de negociación para resolver estas diferencias.
Las dudas sobre la legalidad de la subida de la ecotasa para los cruceros han sorprendido ya que el Gobierno no cuestionó en su día la aprobación del impuesto. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy asegura que doblar un impuesto cuando apenas se ha cumplido un año de su puesta en marcha supone incumplir normativa que tiene que ver con la pérdida de competitividad de las empresas.
Otro artículo que cuestiona el Gobierno es el del pago de la carrera profesional a los funcionarios. La carrera profesional es un plus que cobran los trabajadores públicos en función de las mejoras formativas que realizan a lo largo de su etapa profesional. Supone más de 128 millones de euros de gasto en 2018 y el Gobierno considera que los artículos del Presupuesto que regulan los pagos «podrían infringir la normativa básica».
El tercer artículo de los Presupuestos que cuestiona el Govern se refiere al derecho a la sanidad universal de todos los residentes en las Islas, incluidos los inmigrantes sin papeles, a quienes el propio Gobierno de Mariano Rajoy retiró la asistencia en plena crisis. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional hace unos meses un decreto ley de Valencia en esta misma línea y por eso el Govern balear intentó blindar este derecho aprobando una ley.