UGT promoverá una huelga general de funcionarios de las administraciones autonómica y locales en Baleares si la delegada del Gobierno, Maria Salom, mantiene su intención de impugnar el complemento de carrera profesional para los empleados públicos recogido en los presupuestos regionales de 2018.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Baleares, Miguel Ángel Romero, ha acusado este martes a Maria Salom de utilizar a los empleados públicos de Baleares para hacer méritos ante su partido con el objetivo de ser eurodiputada y le ha exigido una rectificación si no quiere ser responsable de un paro general de funcionarios, que están «hartos» de ver amenazados sus ingresos.
Romero ha asegurado que destacados dirigentes del PP de las islas están en contra de la postura de Salom, cuyo departamento ha elevado a la Abogacía del Estado un informe sobre la supuesta ilegalidad del incremento de la masa salarial autonómica por el pago de la carrera profesional, lo que supone el inicio del proceso de impugnación.
Además, ha recordado, ya impugnó los acuerdos de carrera profesional de los ayuntamientos de Palma y Santa Eugenia, que han sido suspendidos por incumplir la restricción de gasto estatal, y ha cuestionado el conjunto de los pactos de carrera profesional en los municipios y los consells insulars en los que se están desarrollando.
70.000 afectados
Según UGT, son casi 70.000 los funcionarios públicos del archipiélago afectados por esta situación a pesar de que la comunidad autónoma cerró 2017 con superávit y los ayuntamientos acumulan remanentes presupuestarios que suman casi 300 millones de euros.
Romero, que ha recalcado que la carrera profesional «no es un plus» sino un complemento por formarse fuera de la jornada de trabajo que se evalúa de forma periódica, ha apuntado que en Baleares lo perciben unos 16.000 empleados públicos sanitarios y 6.000 de servicios generales de la CAIB, y también lo cobraban los funcionarios de los ayuntamientos de Palma y Santa Eugenia hasta que se suspendió por decisión judicial a instancias del Gobierno.
Pero el resto de administraciones locales e insulares también están desarrollando sus propios acuerdos para implantar estos incentivos para la formación, por lo que la impugnación promovida por la Delegación del Gobierno afecta a las expectativas de sus funcionarios.
«70.000 personas están pendientes de qué va a hacer la Delegación del Gobierno», ha insistido Romero, que ha recordado que el acuerdo de carrera profesional fue aprobado por el PP y respaldado por la propia Salom, que ahora pone «en la picota» a los empleados públicos mediante una «utilización mezquina» por intereses personales.
El dirigente sindical ha asegurado que ninguna otra Delegación del Gobierno ha impugnado los acuerdos de carrera profesional en comunidades donde también se aplican.
Ha detallado que en los casos de menor cuantía, los funcionarios con derecho al complemento de carrera profesional cobran mensualmente por este concepto unos 80 euros, mientras que para los de niveles de la administración más elevados y con más años de profesión y mayor formación puede representar hasta 950 euros en cada nómina.