La Conselleria de Salut introducirá ajustes en el decreto de catalán en la sanidad, que este viernes aprobará previsiblemente el Consell de Govern, para que quede claro que la exención del conocimiento de esta lengua en el sector sanitario es temporal. La modificación implica introducir un mínimo cambio en la disposición final de la norma que especifique su carácter transitorio durante cinco años.
Este ajuste se hace a petición del Consell Consultiu, que este martes envió su dictamen al Govern. El informe es favorable por siete votos a favor y tres en contra y la única observación «esencial» que se hace se refiere a la necesaria transitoriedad de la norma.
«El personal sanitario no puede quedar al margen de las exigencias lingüísticas porque, desde luego, su relación con la Administración no es la de un ciudadano, sino que está sujeto a la relación especial entre aquella y todo empleado público a su servicio», señala el órgano asesor. «Si el ciudadano tiene derecho a usar cualquiera de las dos lenguas, desde luego la Administración debe estar capacitada para atenderle en cualquiera de ellas», añade.
El dictamen reconoce que el decreto establece unos niveles de exigencia de catalán inferiores a los que se fijan con carácter general para el acceso a la función pública. Añade, no obstante, que esta circunstancia está «plenamente justificada» tanto desde el punto de vista de la legalidad como desde la necesidad de adaptar la exigencia del catalán a plazas concretas de la sanidad.
El Consultiu señala que el decreto no marca que el catalán sea un requisito, por lo que no impide la participación en ningún proceso selectivo.