Los miembros del Consell Consultiu que emitieron votos particulares en el dictamen que avalaba el decreto del catalán propuesto por el Govern consideran que la norma es inconstitucional y que vulnera derechos básicos del empleado público.
Así consta en los votos particulares del dictamen, cuyo texto íntegro ha hecho público este miércoles el Consell Consultiu. Han formulado voto particular José Argüelles, Marta Vidal y Felio Bauzá.
En su voto particular, Bauzá considera que el artículo 7 del proyecto de decreto -que impide a los profesionales sin el requisito de catalán acceder a la carrera profesional o participar en convocatorias de movilidad-, «es inconstitucional por infringir la legislación básica estatal» porque «crea una suerte de sanción o penalización que no está prevista en una norma de rango legal y que deviene en la práctica en una sanción de plano».
Bauzá también aprecia «una colisión entre el derecho constitucional del profesional sanitario de dirigirse al paciente el castellano, y el derecho de este último a ser atendido en otra lengua oficial». «Considero que adolece de vicios de inconstitucionalidad y de legalidad», concluye el jurista.
Por su parte, José Argüelles advierte que el proyecto de decreto trata de convertir la exigencia de catalán en requisito y mérito al mismo tiempo. «Para tratar de dar solución a este problema retuerce las normas y convierte el requisito en mérito y luego dice que si no se cumple el requisito no se pierde la condición de funcionario ni la plaza obtenida pero se pierden derechos básicos del empleado público», alerta.
Para el jurista, «la única forma en que puede no exigirse el conocimiento de lengua catalana como requisito es modificando la Ley». Además, Argüelles también considera que «la privación de derechos es desproporcionada en cuanto se priva de la carrera profesional al empleado público, sin límite ni modulación alguna».
Finalmente, Marta Vidal avisa de que el Govern «no puede excluir la necesidad de cumplimiento de un requisito establecido en las leyes» al eximir del requisito en determinados casos, «una dispensa no permitida por las leyes».
Además, considera que el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad «supone el derecho de mantenerse» en la misma «sin perturbaciones ilegítimas». Igualmente, Vidal cree que el decreto «no responde a la legítima aspiración de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la prestación sanitario» sino que buscaría «limitar el acceso» y la promoción interna «a las personas que estén en posesión del certificado de la lengua catalana».
Este miércoles, la consellera de Salud, Patricia Gómez, ha manifestado que, pese a la amenaza de recurso por parte del Gobierno a este decreto, la previsión es que se apruebe y que se puedan convocar oposiciones. La consellera ha explicado que desde la Conselleria están trabajando para «hacer lo posible» para presentar este viernes el proyecto de decreto en el Consell de Govern.