MÉS per Mallorca ha pedido una condena de 4 años de prisión para el expresidente del Govern Jaume Matas por delitos continuados de prevaricación y fraude a la administración y por tráfico de influencias en el concurso para adjudicar la construcción del hospital Son Espases.
En esta causa por la manipulación de la mayor obra pública de las islas, adjudicada por 778,4 millones de euros en 2006, el partido, que ejerce la acusación popular, ha presentado un escrito en el que pide también las mismas penas para la exconsellera de Salud Aina Castillo y el exdirector general del Ib-Salut Sergio Bertrán.
Además solicita una condena de 3 años para el empresario Jesús Peinado como cooperador necesario en delitos de prevaricación y fraude a la administración. Reclama que se abra juicio a los cuatro acusados y que indemnicen de forma solidaria a la comunidad autónoma balear con 29.500 euros.
MÉS asegura en su escrito de acusación que el expresidente, Castillo, Bertrán y Peinado, puestos de común acuerdo y «siguiendo las instrucciones del señor Matas, idearon un plan para manipular el procedimiento del concurso de concesión de obras públicas para la construcción, conservación y explotación del nuevo hospital».
Con el objetivo de «ostentar un control directo sobre el desarrollo del procedimiento del concurso» y para «poder intervenir en su resultado», Matas ordenó a Castillo que se contratara «fraudulentamente» a la consultora Global PM para evaluar las ofertas que se presentaran a la licitación.
Según el escrito de MÉS, fue Matas, «prevaliéndose de una situación de jerarquía sobre sus subordinados», quien decidió que la adjudicataria del contrato de consultoría fuera Global PM por ser «una empresa de confianza 'de la casa' a la que podría controlar, manejando a su antojo las valoraciones de las distintas ofertas que se presentaran y, en definitiva, decidir quien sería la adjudicataria».
Para dar apariencia de legalidad a la contratación, se hizo un informe sobre la insuficiencia de medios personales y materiales para llevar a cabo la valoración de las ofertas y otro sobre la adecuación del contrato al precio de mercado.
MÉS recalca que se consiguió la contratación, por 29.500 euros, a pesar de que dos años antes la Conselleria de Salud había contratado a otra empresa para realizar tareas de consultoría a la que pagó 71.700 euros para «los servicios que ahora se volvían a encargar a Global PM».
Al concurso para construir Son Espases concurrieron seis postulantes. Cuando supo que las ofertas realizadas por UTE encabezadas por OHL y por Dragados se encontraban prácticamente empatadas, Matas ordenó a Castillo «que diera las instrucciones oportunas para que la adjudicataria del concurso fuera OHL».
Según MÉS, Matas entregó a Castillo un sobre con los argumentos técnicos que motivaban la adjudicación a favor de OHL.
El día anterior a la reunión de la mesa de contratación que debía adjudicar el concurso, el presidente de dicho organismo redactó el acta de adjudicación a favor de OHL pero, después de que ese mismo día el periódico «El Mundo» publicara que el Govern planeaba otorgar el concurso a dicha constructor, Matas ordenó que «debido a tales filtraciones, la mesa de contratación suspendiera la adjudicación».
Matas ordenó a Castillo que pidiera al Consell Consultiu un dictamen sobre el ajuste a la legalidad del procedimiento «aduciendo que ya lo había hablado con el presidente» de dicho organismo. La entidad recomendó acudir a colegios profesionales cualificados.
Tras informes de los colegios de Economistas y de Ingenieros de Caminos, la mesa de contratación propuso la adjudicación a favor de la agrupación de licitadores que encabezaba Dragados.
MÉS recalca en el escrito que el expresidente «se inmiscuyó» por dos veces en el proceso de contratación y que el concurso se adjudicó a la UTE liderada por Dragados «tal y como había planeado Matas».