El conseller del PI en el Consell de Mallorca, Antoni Amengual, ha advertido de que la zonificación propuesta por el gobierno insular sobre el alquiler turístico «perpetúa el sol y playa» y la ha calificado como «la hija de Frankenstein».
En rueda de prensa, Amengual ha declarado que los partidos de izquierda «se llenan la boca de hablar de desestacionalización» turística, pero la zonificación propuesta promueve «justo lo contrario».
Amengual ha afirmado que la zonificación que aprobará el viernes el pleno del Consell de Mallorca «impide el desarrollo y la renovación de los municipios del interior de la isla», y solo beneficia a los costeros.
En este sentido, Amengual ha defendido la «socialización» del alquiler turístico y que el turismo beneficie también a los municipios del interior de la isla y a las clases medias que tienen alguna casa vacía.
Sin embargo, esta propuesta «va en contra» de que los propietarios con casas antiguas de la Part Forana las rehabiliten con la intención de alquilarlas a turistas, como es el caso de Ruberts o Ariany.
Amengual ha defendido la renovación del patrimonio de casas antiguas y la remodelación de los inmuebles de los pueblos del interior, una posibilidad que no será posible con esta zonificación.
El objetivo, ha insistido, es «revitalizar los pueblos del interior de esta tierra», e impulsar el comercio de proximidad y la oferta complementaria.
En opinión del PI, para hacer la zonificación el Consell ha «mezclado cifras» e incluso ha empleado algunas desfasadas.
Por su parte, el presidente del PI, Jaume Font, ha querido subrayar la injusta diferencia que se genera entre los propietarios de las viviendas unifamiliares situadas en zonas rústicas y los de plurifamiliares de zonas costeras.
Los primeros dispondrán de permisos de alquiler de por vida, mientras que en el caso de los plurifamiliares de zonas turísticas tendrán que pagar a la administración pública 5.000 euros por cada plaza turística para poder alquilarla durante un periodo máximo de cinco años.
Es decir, si un propietario alquila un piso a turistas en Santa Ponça, autorizado por ejemplo para seis personas, deberá abonar 30.000 euros. Pero, «además», a los cinco años debe renovar ese permiso.
«En cinco años se pierden las plazas y debe volver a pagar 30.000 euros, ¿en qué cabeza cabe esto si lo que se quiere es ayudar a los más pequeños?», se ha preguntado Font.
El diputado autonómico ha subrayado que «el PI está para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos» y, a su parecer, la zonificación no lo consigue.