La prisión permanente revisable vuelve a la actualidad con la petición de los grupos de la oposición de derogarla en el Congreso y la ofensiva del PP en ayuntamientos y el Parlament para defenderla. El debate coincide con la resolución del asesinato de la joven Diana Quer.
Aunque lleva en vigor desde 2015, la excepcionalidad de la medida lleva a que sólo se haya aplicado una vez en toda España. En las Islas nunca ha llegado a solicitarse y sólo en dos casos de las últimas décadas se hubiera podido aplicar: Peter Oyntzen, el ‘doctor Muerte', que mató a sus dos hijos en sa Coma y Mónica Juanatey, que también asesinó a su hijo y escondió el cuerpo en una maleta. El primero fue condenado a 34 años de prisión y la segunda cumple una pena de 20.
La medida no hubiera sido aplicable en uno de los casos más duros: el asesinato de Ana Niculai por el que Alejandro Abarca, ‘el Enano', fue condenado a 33 años y medio. El abogado que ejerció entonces la acusación particular, Antoni Monserrat, señala que la medida tiene sentido para personas como el entonces acusado que sólo salía de prisión para cometer otro crimen: «Si se hicieran bien las cosas en prisión y hubiera una revisión a fondo puede servir para proteger a la sociedad de estos delincuentes».
Otros juristas, como el abogado Carlos Portalo, atacan con dureza la medida: «Es contraria al principio de reinserción social y el fin reeducador de la pena. Quien esté preso permanentemente no puede insertarse, ni con una previsión genérica de revisión».