La Fiscalía del Supremo respalda la petición de la Abogacía del Estado para que la Infanta pague más dinero como partícipe a título lucrativo en el ‘caso Nóos'. El ministerio público avala uno de los motivos de casación planteados por el Estado para añadir un delito fiscal a Urdangarin por el año 2008 e incorporar dentro de lo defraudado a Hacienda otros 300.000 euros. Se trata de una serie de facturas a la empresa Lobby Comunicación que la sentencia de la Audiencia dio por buenas y que, ahora, las acusaciones piden que se incluyan dentro del fraude cometido a través de Aizoon.
Al aumentar el dinero defraudado, la fiscal recuerda que se tendrá que incrementar también la cantidad que tiene que abonar Cristinta de Borbón como partícipe a título lucrativo. La sentencia de la Audiencia le impuso el pago de 265.000 euros.
Este es el único motivo que admite el ministerio público junto a uno de la Abogacía del Govern. El resto pide que se desestimen, entre ellos, los 16 motivos esgrimidos por Iñaki Urdangarin para rebajar su condena de seis años y tres. La representante del ministerio público señala que la sentencia de la Audiencia ya aclara que el antiguo duque de Palma y Diego Torres actuaron «con pleno conocimiento de estar burlando la ley» y apunta: «Queda perfectamente descrito que fue Urdangarin, por su ascendencia sobre los otros acusados, quien determinó e hizo nacer en ellos la resolución criminal».
Las peticiones de Urdangarin van desde la retirada de delitos concretos, como las falsedades o los delitos fiscales a los que fue condenado, a la petición de rebajar algunas de las condenas. Algo similar ocurre con los recursos de Diego Torres. El socio de Nóos, que soporta la mayor condena impuesta por la Audiencia, ocho años y tres meses, ha planteado 26 motivos de casación al Supremo.
El ministerio público ha presentado su propio recurso, en el que pide incrementar las penas para los principales acusados: a Urdangarin a diez años, por ejemplo. El escrito que ha registrado esta semana es la contestación que da a los que habían presentado las otras partes. Ahora arranca otro plazo, de otros diez días para un nuevo turno de respuestas antes de que la sala decida sobre la admisión. Faltan meses para la sentencia definitiva.