En 2016 se generaron en Mallorca más de 605.000 toneladas de basuras, una cifra que no para de crecer y que ha provocado que el depósito de cenizas de Son Reus esté ya al límite de su capacidad. De estas 605.000 toneladas, solo se recicló el 17 %, lo que implica que la mayor parte de los residuos generados fueron a parar a la planta incineradora. Reducir esta tendencia, así como garantizar un uso prudente y racional de los recursos naturales son dos de los pilares básicos del anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminantes de Balears que este jueves inició su periodo de exposición pública.
Tal y como avanzó Ultima Hora, la nueva normativa prevé la desaparición de las cápsulas de café como hoy las conocemos, ya que a partir de 2020 deberán ser compostables o las empresas comercializadoras estarán obligadas a realizar un proceso de recogida y reciclaje posterior.
A las famosas cápsulas de café (de plástico o aluminio) también hay que añadir una lista de productos, básicamente de plástico, que desaparecerán de nuestro uso diario. A partir del 1 de enero 2020 estará prohibida la distribución y venta de platos, cubiertos, vasos, tazas y bandejas de plástico de un solo uso, así como los productos que contengan microplásticos o nanoplásticos, principalmente dentífricos y cosméticos. A ello hay que añadir la prohibición de comercializar pajitas de plástico, bastoncillos para las orejas o bastones de chupa chups. Todos estos productos deberán substituir su composición de plástico por otros materiales compostables.
Todo recargable
Tampoco se podrán vender en Balears productos de un solo uso como encendedores y maquinillas de afeitar, cartuchos y tóners de impresoras y fotocopiadoras. Todos estos productos deberán ser recargables según la nueva normativa que se avanza a las directrices europeas.
Además, los fabricantes o distribuidores de toallitas húmedas que se pongan a la venda en Balears deberán incorporar información sobre los perjuicios que provocan en el medio ambiente.
La ley balear de residuos también cierra la puerta de manera clara a la importación de residuos para después tratarse en las plantas públicas del Archipiélago, como ocurrió la pasada legislatura.
La Conselleria de Medi Ambient i Agricultura del Govern balear confía en que la nueva norma podrá quedar aprobada después del verano y fija un régimen de sanciones que van desde los 300 a los 9.000 euros en caso de infracciones leves, hasta 300.000 euros para las graves y de 1.750.000 euros para las consideradas muy graves.