El Ajuntament de Palma incumple sus propias cláusulas para una contratación pública con responsabilidad social, medioambiental y lingüística, aprobadas hace cerca de un año mediante una instrucción.
Mientras la teniente de alcalde de Funció Pública y Govern Interior, Aurora Jhardi, (Podemos) participaba el martes en Madrid en una mesa redonda en la que expuso las cláusulas sociales de Cort, este miércoles se abría el primero de los tres sobres del concurso para la contratación del servicio de apertura, recepción, cierre y atención al público de diversas instalaciones deportivas del Institut Municipal de Esports (IME), cuyos pliegos de condiciones incumplen esta normativa municipal. Un informe redactado por la propia Jhardi así lo admite.
El informe se reclamó a raíz de la denuncia del sindicato Som Sindicalistes Balears de que este incumplimiento por parte de la empresa pública afecta negativamente a los 42 trabajadores con derecho a subrogación, «ya que al no exigir a los licitadores ningún tipo de medida de carácter social sus condiciones laborales se ven seriamente perjudicadas». El sindicato también alerta de que «la ambigüedad» de algunas de las cláusulas del concurso «servirá para que se produzca una privatización encubierta de algunos servicios de administración», que perjudicará a los trabajadores subcontratados.
El informe de Jhardi fue leído públicamente en la reunión del Intercírculos de Podemos celebrado recientemente y en él se reconoce que el contrato no cumple con la instrucción municipal relativa a las cláusulas sociales en la contratación pública. Añade, sin embargo, que esta circunstancia no supone una ilegalidad, ya que una instrucción tiene una fuerza normativa limitada y se trata de una normativa de carácter interno.