En los próximos quince días los gobiernos de Canarias y Balears van a realizar una auténtica ofensiva ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con el objetivo de que los Presupuestos generales del Estado incluyan el incremento del descuento aéreo y marítimo del 50 % al 75 % en los trayectos con la Península.
La carta remitida por los presidentes de Canarias y Balears, Fernando Clavijo y Francina Armengol, respectivamente, para mantener una reunión con el ministro Cristóbal Montoro, todavía no ha recibido una respuesta. «El objetivo es que tenga lugar antes de final de mes, para lo cual se están acelerando todos los trámites administrativos con el Ministerio de Hacienda», señalan desde el Consolat de la Mar.
Al mismo tiempo, los equipos de Clavijo y Armengol están ultimando la visita oficial que tendrá que realizar el Govern balear a Canarias, prevista para el próximo mes de enero. Esta cumbre permitirá a ambos ejecutivos autonómicos acercar, aún más, sus posturas en materia de movilidad aérea y marítima.
La presidenta Armengol ya apuntó en Londres que «queremos lo que tiene o consiga Canarias, porque la finalidad es conseguir que las mejoras que se logren beneficien a todos los ciudadanos residentes de las Islas, así como al tejido empresarial en lo que concierne a tasas aeroportuarias, descuento de residente y tráfico de mercancías».
Cumbre
Esta semana, dentro de esta estrategia, tendrá lugar en Palma una cumbre de regiones extrapeninsulares. La cita será este jueves, día 23, y participará en la misma técnicos de movilidad de Balears, Canarias, Ceuta y Melilla.
El conseller de Territori, Energía i Mobilitat, Marc Pons, será el anfitrión de esta cumbre: «Se trata de una reunión técnica más que política, cuyas conclusiones permitirán a Armengol y Clavijo poder disponer de un documento conjunto para llevar al ministro Montoro, para así justificar con datos todas las reivindicaciones que le van a plantar en la reunión en Madrid», añadieron las mismas fuentes.
Balears y Canarias quieren el mismo trato que los ciudadanos que viven en la Península en cuestión de transporte, principalmente por las inversiones ferroviarias que el Estado destina de forma periódica para optimizar y rentabilizar el servicio de trenes.