El juez que instruye el ‘caso ORA', Manuel Penalva, ha imputado por un delito de obstrucción a la justicia al hermano del diputado Álvaro Gijón. La decisión se produce después de que la Policía Nacional haya detectado maniobras de éste para impedir el acceso de los agentes en varias cuentas de correo electrónico y otros medios de almacenamiento online que le fueron intervenidos el pasado mes de junio. Los agentes investigan si se han podido destruir correos o documentos comprometedores para Gijón.
A raíz de la detención del hermano y los padres de Gijón, la policía intervino por orden judicial dos direcciones de correo electrónico personales del hermano del concejal. También se hicieron con el control de cuentas que permitían acceder a documentos almacenados online y de dos discos duros.
En un oficio remitido al juzgado, un agente del Grupo de Delitos Tecnológicos, relata que, tras el arresto del hermano de Gijón, cambiaron las contraseñas para poder acceder a las cuentas más tarde. Cuando lo intentaron, alguien las había cambiado de nuevo: «No encontrando otra explicación plausible que la recuperación del control del perfil por parte del dueño del mismo», señala el agente. Tras una gestión con el abogado del hermano, sí consiguieron acceder a la cuenta. Sin embargo, se encontraron con accesos posteriores a la intervención judicial y ahora investigan si se han borrado correos o documentos comprometedores. Un segundo episodio de supuesta obstrucción ocurrió cuando los agentes intentaron entrar en una de las cuentas de almacenamiento. En estas se envía un mensaje al titular para que pueda permitir o impedir un acceso desde un dispositivo que no controle. El policía vio como se le denegaba la entrada: «Todo indica que ha recibido dicho mensaje de aviso y ha pulsado ‘no', lo que ha imposibilitado el acceso porfuncionarios de este grupo».
De esta forma, el juez ha citado a declarar este martes tanto al agente como al hermano de Gijón. Éste fue detenido junto a los padres del político después de que se detectaran una serie de movimientos financieros por parte de los famliares del diputado que, según ha concluido la policía, encubrirían el cobro de una comisión a cambio de la adjudicación del servicio de la ORA. Esta investigación está ahora a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva una serie de peticiones de archivo por parte de los imputados. Una vez que se hayan resuelto, el TSJB se tendrá que pronunciar sobre si asume o no la investigación. El instructor dio por concluida el pasado mes de julio la investigación y la remitió al Superior.