La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha aplaudido la entrada en vigor de la ley balear que prohíbe matar toros y los circos con animales y considera que un posible recurso de inconstitucionalidad contra ella «estaría condenado al fracaso».
La entidad ha destacado en un comunicado que la ley aprobada por el Parlament balear regula, entre otras cuestiones, las corridas de toros, prohíbe los circos con animales, el tiro al pichón y a la codorniz, los toros de fuego y toros ensogados, así como la muerte y el maltrato de toros en espectáculos taurinos, «evitando así tanto dolor y sufrimiento infligido a los animales, siendo como son 'seres sensibles' según los define el tratado de la Unión Europea (UE)».
ANPBA califica la ley balear de «referente en materia de protección animal» porque plasma en un texto legal «la imparable corriente social, que aumenta exponencialmente día a día, y que considera impropio del siglo XXI el uso de animales por mera diversión».
La organización destaca en particular que la normativa regula las corridas de toros y espectáculos taurinos «de la manera más avanzada que podría hacerse en una sociedad verdaderamente civilizada teniendo en cuenta la realidad española actual».
Recalca además su «total sometimiento» a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de octubre de 2016 que clarifica las «competencias» de las comunidades autónomas en esta materia y señala que éstas pueden «prohibir» determinados tipos de espectáculos «por razones vinculadas a la protección animal».
La sentencia también indica que no existe impedimento para que las Comunidades Autónomas puedan «establecer requisitos» con el objeto de conseguir un «especial cuidado y atención del toro bravo».
Según ANPBA, la mención del Alto Tribunal al «toro bravo» solo puede referirse al toro de lidia, de manera que quedarían amparados los requisitos que pudiera establecer una Comunidad Autónoma para «el especial cuidado» del toro bravo en su lidia.
Contrariamente a las críticas de las que ha sido objeto, la ley balear «no invadiría competencias del Estado», según recoge el propio preámbulo de la ley, destaca la asociación.
«Y no caben mayores y más especiales cuidados y atenciones al toro bravo que evitarle los terribles sufrimientos y muerte inherentes a una corrida de toros», concluye la entidad.